La Contraloría General de la República abrió un nuevo frente de fiscalización en el mundo municipal. Un dictamen firmado por la contralora Dorothy Pérez zanjó que las corporaciones municipales —aunque administran servicios públicos y reciben financiamiento fiscal— no pueden usar recursos del erario para anticipar el pago de licencias médicas a sus funcionarios, beneficio que algunas entidades habían instalado como práctica interna.
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CORPORACIONES MUNICIPALES BAJO UN ESTÁNDAR MÁS ESTRICTO
La resolución se originó a partir de una consulta elevada por la Corporación Municipal de San Miguel, que buscaba determinar si podía asegurar a sus trabajadores el pago íntegro de remuneraciones mientras se encontraran con licencia médica, pese a estar regidos por el Código del Trabajo.
El dictamen marca una línea clara: estas corporaciones, aunque integran la administración municipal, son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, obligadas a ejecutar los fondos públicos exclusivamente en los fines para los que fueron transferidos. Esa condición, subraya el documento, impide que operen como organismos con libertad para definir beneficios remuneracionales con cargo al presupuesto fiscal.
USO DE RECURSOS PÚBLICOS: LÍMITES Y PROHIBICIONES
La Contraloría enfatiza que el sistema de licencias médicas ya determina con precisión quién debe pagar los subsidios de incapacidad laboral —Compin, isapres, entidades previsionales o el propio empleador— y que no existe norma que faculte a las corporaciones para adelantar esos pagos o complementar montos por sobre lo que fija la ley.
Por ello, la entidad contralora concluye que resulta “improcedente” destinar recursos públicos a anticipar estipendios durante una licencia médica, advirtiendo que esta práctica puede generar un uso ineficiente del presupuesto y la creación de derechos impropios, con riesgo para el patrimonio de las corporaciones.
UNA OFENSIVA MÁS AMPLIA EN TIEMPOS DE VIGILANCIA REFORZADA
La decisión se inscribe en una línea de acción más amplia de la contralora Pérez, quien ha intensificado la supervisión sobre el uso de fondos públicos, especialmente en materia de licencias médicas. El proceso tomó fuerza tras el cruce masivo de datos que permitió detectar funcionarios viajando al extranjero mientras se encontraban con reposo laboral.
El dictamen del 18 de noviembre ya genera preocupación en las corporaciones municipales, que anticipan eventuales tensiones y judicializaciones, tal como ocurrió con polémicas previas relacionadas con la confianza legítima de funcionarios a contrata. Aun así, la contralora mantiene hasta ahora un expediente sin derrotas en tribunales.
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— Contraloría (@Contraloriacl) November 20, 2025
