Human Rights Watch (HRW) elevó la presión internacional sobre Israel al denunciar que la expulsión forzada de 32.000 palestinos de tres campamentos de refugiados en Cisjordania, durante la Operación Muro de Hierro a comienzos de 2025, constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La organización exigió medidas urgentes para responsabilizar a las autoridades israelíes, denunciando que el ejército impidió el regreso de los desplazados y demolió numerosas viviendas.
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El pronunciamiento integra el informe de 105 páginas Todos mis sueños han sido borrados, que documenta el operativo israelí ejecutado en enero y febrero de 2025 en los campos de Jenín, Tulkarem y Nur Shams. HRW sostiene que el ejército israelí desplazó por la fuerza a los residentes, demolió de manera sistemática cientos de estructuras y bloqueó su retorno hasta la fecha.
El gobernador de Nablus calificó la incursión como “una demostración de fuerza sin justificación”, mientras que los testimonios recogidos por HRW revelan situaciones extremas. “No tenemos comida, ni bebida, ni medicinas… vivimos una vida muy difícil”, relató a Reuters Hisham Abu Tabeekh, expulsado del campo de Jenín.
CIVILES SIN RETORNO Y VIVIENDAS ARRASADAS
La organización subraya que los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles en territorios ocupados, salvo por razones militares imperiosas y de forma temporal. A casi diez meses del operativo, “ninguna de las familias ha podido regresar”, afirmó Milena Ansari, investigadora de HRW, quien instó al gobierno israelí a permitir el retorno inmediato de los desplazados.
El ejército israelí respondió a Reuters que las demoliciones buscaban impedir que la infraestructura civil fuera utilizada por milicianos, sin precisar cuándo podrán volver los habitantes.
El informe describe un escenario de soldados irrumpiendo en viviendas, registrando propiedades y obligando a las familias a evacuar mediante altavoces montados en drones. Excavadoras destruyeron edificios enteros y, al no proporcionar rutas seguras ni ayuda humanitaria, miles de personas terminaron hacinadas en casas de parientes, mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.
Mediante análisis satelital y verificación de registros, HRW identificó más de 850 estructuras destruidas o seriamente dañadas. Una evaluación del Centro de Satélites de la ONU, publicada en octubre de 2025, elevó esa cifra a 1.460 edificios afectados, incluidos 652 con daños moderados.
HRW HABLA DE “LIMPIEZA ÉTNICA” Y PIDE SANCIONES
HRW califica estas expulsiones como un acto de limpieza étnica, un concepto no jurídico pero usado para describir la expulsión ilícita de una población por motivos étnicos o religiosos. En esa línea, la organización pide a los gobiernos imponer sanciones selectivas contra los responsables israelíes, suspender ventas de armas, restringir beneficios comerciales, prohibir productos provenientes de asentamientos y ejecutar las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional.
Funcionarios israelíes sostienen que la operación apuntaba contra “elementos terroristas”, pero no han entregado razones concretas para justificar la expulsión masiva ni la prohibición de retorno.
AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN CISJORDANIA
El informe se publica en un contexto de fuerte deterioro en Cisjordania desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Según datos citados por HRW y recopilados por Naciones Unidas, casi 1.000 palestinos han muerto en acciones del ejército israelí en Cisjordania hasta octubre de 2025, mientras se registra un fuerte aumento de ataques de colonos y de denuncias por torturas a detenidos.
Solo en octubre de 2025, colonos israelíes perpetraron al menos 264 ataques contra palestinos, la cifra mensual más alta desde que la ONU comenzó a registrar estos incidentes en 2006.
Israel, por su parte, afirma activamente que Cisjordania es un territorio “disputado” y no “ocupado”, y defiende su presencia militar y la expansión de asentamientos como medidas respaldadas por motivos históricos, bíblicos y de seguridad. La mayor parte de la comunidad internacional rechaza estos argumentos por considerarlos incompatibles con el derecho internacional.
A inicios de 2025, el ejército israelí expulsó a palestinos de tres campos de refugiados, impidió su regreso y destruyó sus viviendas.
Un nuevo informe de HRW concluye que las fuerzas israelíes cometieron crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. pic.twitter.com/7eLjR9Zi3j
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 20, 2025
