El sobreendeudamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió un flanco crítico para la política habitacional del país. Retrasos en pagos, falta de transparencia en los compromisos asumidos y una creciente dependencia de mecanismos financieros externos han generado un escenario de incertidumbre que afecta directamente a constructoras, proveedores y familias que esperan soluciones habitacionales.
El conflicto, según lo publicado en Emol, escaló en septiembre, cuando diversas empresas del rubro denunciaron una supuesta crisis financiera en el sistema, cifrando en hasta US$1.000 millones los montos adeudados por la cartera. Aunque el ministro Carlos Montes descartó esa cifra y reconoció deudas por aproximadamente US$130 millones, la controversia dejó al descubierto un problema mayor: la ausencia de información consolidada sobre los compromisos financieros vigentes y los montos que vencerán en los próximos meses.
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MÁS RECURSOS PARA DEUDAS QUE PARA NUEVOS SUBSIDIOS
Durante la discusión del Presupuesto 2026, se confirmó que gran parte del aumento asignado al Minvu, un 13% adicional, se destinará a cubrir obligaciones acumuladas. Eso implica un menor margen para financiar nuevos subsidios y proyectos, afectando especialmente al programa DS49, cuyo crecimiento desde 2022 no ha estado acompañado de un respaldo financiero proporcional.
En la práctica, esto restringe la capacidad operativa del ministerio y obliga a redistribuir recursos para evitar incumplimientos, tensionando aún más la planificación de obras y la relación con las empresas ejecutoras.
COLLIERS ADVIERTE OPACIDAD Y RIESGOS ESTRUCTURALES
Un análisis de la consultora inmobiliaria Colliers, según Emol, puso énfasis en la falta de transparencia del Minvu respecto a los subsidios comprometidos y los plazos de pago asociados. Según el gerente inmobiliario de la firma, Sergio Correa, esta opacidad dificulta tanto la supervisión parlamentaria como la planificación del sector privado.
“El impacto ya es evidente”, señaló Correa. “Las constructoras enfrentan retrasos superiores a los 60 días y algunas reportan deudas que superan los $300 mil millones. Para continuar las obras, han debido adelantar facturas con costo financiero, reduciendo sus márgenes y comprometiendo su viabilidad”.
Las pymes del sector son las más afectadas, ya que no cuentan con la capacidad financiera para sostener descalces prolongados. De no corregirse el flujo de pagos, podrían producirse quiebras, paralización de obras y una disminución de la participación privada en los programas habitacionales del Estado.
UN MODELO EN TENSIÓN: SUBSIDIOS SIN RESPALDO Y COSTOS TRASLADADOS AL SECTOR PRIVADO
El informe de Colliers señala como principal factor del problema la decisión del Minvu de comprometer más subsidios de los que podía financiar, generando un desbalance entre las expectativas creadas y la capacidad real del Estado. La cartera recurrió masivamente a mecanismos de pago anticipado a través de instituciones financieras, traspasando parte del riesgo a las empresas.
El resultado ha sido un aumento en los costos de los proyectos, un sistema habitacional menos sostenible y una operación presionada por deudas crecientes que dificultan iniciar nuevas obras.
Asimismo, el análisis advierte una débil priorización territorial, con una alta concentración de recursos en la Región Metropolitana en detrimento de zonas donde el déficit es igualmente crítico.
DÉFICIT HABITACIONAL: RIESGO DE ESTANCAMIENTO
El déficit habitacional del país supera actualmente las 700 mil viviendas, considerando campamentos, hacinamiento y unidades irrecuperables. Con un presupuesto focalizado en pagar compromisos atrasados, la capacidad de iniciar nuevas construcciones se reduce, prolongando los tiempos de espera para miles de familias.
Si se mantiene el actual nivel de endeudamiento y no se transparentan los compromisos futuros, la política habitacional podría entrar en un ciclo de estancamiento donde el Estado destina recursos principalmente a saldar deudas y no a generar nuevas soluciones.
UNA CRISIS QUE EXIGE REFORMAS ESTRUCTURALES
Para Colliers, la situación se pudo haber evitado con una gestión que sincerara los compromisos asumidos, estableciera límites más estrictos para la entrega de subsidios y alineara la ejecución con la disponibilidad presupuestaria real.
“El problema no es solo contable”, concluyó Correa. “Es una alerta estructural sobre cómo se están gestionando las políticas sociales. La vivienda requiere una institucionalidad sólida, transparente y sostenible”.
