En la previa a que el Senado revise la acusación constitucional contra Diego Pardow por el manejo del error en las tarifas eléctricas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió en defensa del exministro de Energía y alertó sobre las implicancias jurídicas que podría traer una aprobación del libelo en la votación de este martes.
Cerca de las 14.00 horas de este lunes, desde La Moneda, la secretaria de Estado ofreció una vocería para referirse a la gira del Presidente Gabriel Boric por la región de Magallanes y a la agenda semanal del Ejecutivo.
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En ese contexto, respondió consultas de la prensa respecto al proceso que podría dejar a su excolega de gabinete con una sanción que lo inhabilitaría por cinco años para ejercer cargos públicos.
GOBIERNO
“El gobierno ha sido muy claro en señalar que esta acusación constitucional no tiene mérito y marca un precedente bien peligroso en nuestra democracia, porque hace responsable políticamente a un ministro de Estado de actos que son, por mandato legal, responsabilidad de organismos técnicos”, expuso la ministra.
Sus palabras apuntan a la defensa de Pardow y de su abogado, Francisco Cox, quienes han insistido en que la Comisión Nacional de Energía (CNE) era la institución encargada de enfrentar el error metodológico que elevó las cuentas de luz en cerca de $112 mil millones debido a una doble aplicación del IPC.
“De aprobarse una acusación constitucional de esta envergadura ¿Qué queda para el futuro de los ministros, sea del gobierno que fuere? ¿Vamos a hacer que pasen por sobre las atribuciones de organismos técnicos por criterio político?“, cuestionó la vocera.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Vallejo sostuvo que este escenario “es peligroso” y recordó que diversos especialistas que participaron en la Cámara de Diputados advirtieron lo mismo.
“Invitamos, obviamente, al Senado, que es la entidad jueza en este procedimiento, que juzga y sentencia finalmente las revisiones de estas acusaciones a revisar estos argumentos, que son argumentos jurídicos y que dan cuenta de que no solamente no tiene mérito la acusación constitucional sino que es un precedente peligroso y riesgoso para lo que es el ordenamiento jurídico del Poder Ejecutivo”, añadió.
La ministra enfatizó que “hay organismos técnicos que la ley mandata a cumplir ciertas tareas y funciones y que una autoridad política no puede pasarles por encima o dirigir esas definiciones que son técnicas por criterios políticos”.
