El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella en contra de Alberto Larraín, creador dela fundación ProCultura, y todos aquellos que resulten responsables por la comisión del delito de Distracción Indebida de Fondos.
La Fiscalía investiga el financiamiento por parte de la ONG de las campañas de al menos dos candidatos: Sebastián Balbontín (quien postuló a alcalde de Limache y a core por Revolución Democrática y luego el Frente Amplio) y Elizabeth Aguilera (que postuló a la convención constituyente por Independientes No Neutrales).
Entre julio de 2021 y enero de 2024 Larraín habría transferido al primero la suma de $53.442.000. En el caso de la segunda, sería un único depósito, del 24 de marzo de 2021, por $1 millón, cuando era presidenta de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota.
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Según radio Bío Bío, el documento judicial del CDE sostiene que “los querellados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz, en representación legal de la Fundación Procultura, recibieron $1.683.788.000 del patrimonio fiscal, con el destino y uso exclusivo de solventar el proyecto “Quédate, para la prevención del suicidio.
“Sin embargo, la fundación distrajo una parte importante de este dinero, utilizándolo indebidamente, lo que significó separarlo de su objeto convenido», agrega.
Detalla también que «este desvío de finalidad impidió la correcta ejecución del proyecto y vulneró la obligación contractual de la fundación de mantener los recursos disponibles y restituirlos inmediatamente al Gobierno Regional si así lo requería”.
Expone, asimismo, que “el Gobierno Regional Metropolitano declaró el término anticipado del convenio por incumplimiento, falta de rendición, y debido a que los fondos habían sido distraídos» y que «la liquidación posterior determinó que el perjuicio patrimonial causado al Estado de Chile asciende a la suma de $1.015.283.548, dinero que, al haber sido desviado, no ha sido devuelto hasta la fecha”.
Entre otras, el CDE solicitó diligencias como la remisión de antecedentes y despachar orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos.
