El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ampliará la querella penal en el caso Muñeca Bielorrusa y la dirigirá en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Así lo informó Raúl Letelier, presidente del organismo, tras una reunión en La Moneda con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
“El Consejo ha decidido ampliar la querella penal que tiene en este caso contra la exministra Ángela Vivanco y esperamos también ser parte importante de las investigaciones desarrolladas en ese ámbito para poder perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que puedan haber intervenido en estos tipos de hechos”, aseveró.
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Añadió que “para nuestra institucionalidad es preocupante este tipo de casos. Nosotros sabemos que en los casos penales es claro que hay responsabilidades personales de cada uno de los que han intervenido en este tipo de hechos, lo entendemos así».
Recalcó, asimismo, que «parte de que las instituciones funcionen es que precisamente se den este tipo de querellas, se den este tipo de persecuciones y obtengamos en algún momento la condena penal que buscamos”.
A LA ESPERA DE LA QUERELLA
A comienzos de noviembre el CDE había presentado, en el marco de la causa por la trama Bielorrusa, una querella contra Gonzalo Migueles (pareja de Vivanco) y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos ellos en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Incluía, además, a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle.
Según el libelo, los imputados habrían participado en una red de pagos irregulares hacia Migueles, a cambio de gestiones de Vivanco en favor del Consorcio Belaz Movitec (CBM), empresa que mantenía un conflicto judicial con Codelco tras la finalización anticipada de un contrato.
Vivanco no ha sido formalizada porque se requiere que el tribunal de alzada primero acoja una querella de capítulos con los cargos en su contra.
La magistrada fue removida del Poder Judicial en octubre del año pasado por decisión unánime del máximo tribunal por mal comportamiento en el ejercicio de su cargo.
