El Senado dio luz verde en sala al proyecto de ley que refuerza la labor preventiva de los municipios en temas de seguridad pública.
Con este paso, la iniciativa avanza en su tramitación y se acerca a su fase final, apuntando a modernizar y fortalecer el rol institucional de los gobiernos locales en la prevención del delito.
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La propuesta surge ante la creciente demanda de las comunidades por una presencia preventiva más sólida. Además, entrega un marco jurídico más claro al trabajo que los municipios ya desarrollan en este ámbito.
DELITO
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, la entrada en vigencia de esta normativa implicará una transformación profunda en la manera en que el país aborda la prevención delictual, destacando que la cercanía territorial y el conocimiento directo de las realidades locales son piezas esenciales para cualquier estrategia de seguridad efectiva.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también subrayó la importancia de este avance legislativo. “La Ley de Seguridad Municipal es clave para la gestión municipal, es clave para la disposición de recursos y es clave en la gestión de incivilidades, pero también es muy relevante para la protección de los funcionarios y funcionarias que se dedican a seguridad municipal”, afirmó.
EL NUEVO MARCO LEGAL PARA FORTALECER LA SEGURIDAD MUNICIPAL
La normativa reconoce formalmente el rol crucial de los municipios en la prevención del delito y establece reglas claras para las tareas que desempeñan sus funcionarios.
Por primera vez, se crea la figura jurídica del Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal, con requisitos, responsabilidades, atribuciones, limitaciones y controles específicos. Esta regulación abarca funciones preventivas autónomas y labores de apoyo a las policías bajo protocolos definidos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el fortalecimiento de la coordinación entre municipios, Ministerio Público, policías y Gobiernos Regionales. Para ello se crea el Comité Operativo de Seguridad, encabezado por el alcalde o alcaldesa, e integrado por el director de Seguridad, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público.
La iniciativa también actualiza la composición del Consejo Comunal de Seguridad Pública y moderniza el Plan Comunal de Seguridad, incorporando un enfoque de gestión basado en evidencia y análisis de datos delictuales.
COORDINACIÓN, TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN
El ministro Cordero valoró el amplio acuerdo político que permitió que el proyecto avanzara. “Quiero resaltar que el proyecto no solo ha sido fruto de un trabajo transversal entre el Ejecutivo y, en este caso, de los senadores y senadoras de Gobierno y oposición, sino que no hubiéramos podido llegar a este momento sin el apoyo decidido de los alcaldes y alcaldesas”, expresó.
A su vez, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, subrayó el rol clave que cumplen los gobiernos locales. “Las demandas ciudadanas en el ámbito de la seguridad llegan en primer lugar a los municipios con una serie de solicitudes que son recogidas en este proyecto, en el ámbito de la protección, el patrullaje, el trabajo preventivo, la fiscalización de ordenanzas, pero también reconociendo el rol de los inspectores de seguridad”, señaló.
El proyecto incorpora herramientas de protección personal para los inspectores que realicen funciones de apoyo a las policías. Además, el Ministerio de Seguridad Pública destinará recursos —a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito— para las municipalidades que no tengan la capacidad presupuestaria necesaria.
También se autoriza la contratación de personal de seguridad mediante el Código del Trabajo y se permiten contrataciones a través de asociaciones municipales, lo que amplía las alternativas para conformar equipos preventivos.
EQUIPAMIENTO
La ley establece normas para el uso de tecnologías de vigilancia y prevención, como cámaras, drones y sistemas de monitoreo, asegurando el resguardo de la privacidad y de los datos personales. Asimismo, crea registros y plataformas comunales que se integrarán con sistemas nacionales.
El proyecto cuenta con recursos superiores a los 5 mil millones de pesos, destinados principalmente a la adquisición de elementos de protección y al desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión de datos.
A esto se suma el fortalecimiento de los fondos provenientes del Royalty Minero, con el objetivo de garantizar que los municipios puedan implementar adecuadamente las nuevas funciones y responsabilidades que la ley les asigna en el ámbito de la seguridad pública.
