La Contraloría General de la República acreditó la responsabilidad administrativa en siete cargos de la exalcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza (UDI) en la millonaria compra por parte del municipio de un terreno donde se edificaría un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna.
El órgano contralor detectó graves faltas a la probidad en la adquisición del paño y la entonces jefa comunal era la «encargada de su dirección, administración superior, y supervigilancia del funcionamiento de esa entidad edilicia».
No es la única sncionada. A Eduardo Antonio López Arriagada (exdirector de Control) se le aplicó la medida disciplinaria de destitución, mientras que diez funcionarios tendrán suspensiones de tres meses con goce del 50% de la remuneración mensual, o 75% en algunos casos, además de dejar marcada la sanción en la hoja de vida de los funcionarios.
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Estos incluyen a Juan Jaramillo (alcalde subrogante y administrador municipal), Sagrario Barrales (encargada de oficina de partes), Cristián Loustalot (jefe del departamento de auditoría operativa de la dirección de control), Héctor Navarrete (director jurídico) y Luis Espinosa (abogado).
NO HUBO PROPUESTA PÚBLICA
Todo comenzó con una denuncia de concejales sobre omisión respecto de la compra, actas del acuerdo del concejo municipal adulteradas o un pagado por mucho más de lo que valía una de las diez casas involucradas en el proyecto.
Según el dictmen de Contraloría publicado por La Tercera, el 10 de marzo del 2022 que el concejo de Las Condes aprobó comprar los lotes correspondientes a 5.315 metros cuadrados por un monto de 353.956 UF para consteuir el Cesfam, pero «no le fue exhibido en un principio la individualización de los inmuebles en análisis».
Además, «se evidencia que el ente municipal omitió emplear alguno de los mecanismos dispuestos por el artículo 9° de la ley N° 18.575, estos son: la propuesta pública previa a la celebración del contrato respectivo, licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera, no constando en el proceso de la especie, algún acto administrativo emanado de la Municipalidad de Las Condes tendiente al cumplimiento de este requisito».
Recalcó, también, «que omitir o eludir la propuesta pública en los casos que determina la ley, contraviene especialmente el principio de probidad”.
El municipio omitió las tasaciones respectivas por profesionales especializados en la materia o por entidades financieras «para determinar su justo precio y para procurar así no afectar el patrimonio municipal, vulnerando con este proceder la jurisprudencia de esta Entidad de Control”.
DISCREPACIA DE PRECIO
Para la entidad fiscalizadora, «se evidencia que en las propiedades adquiridas por la Municipalidad de Las Condes en análisis, existió discrepancias en el precio pagado por metro cuadrado respecto a lo convenido con la empresa Vulcon Asset Management SpA», una de las gesriras inmobiliarias involucrada junto con FG Oriente II Spa.
La CGR audió específicamente a una propiedad ubicada en la calle Nueva Delhi, por la cual la municipalidad pagó 24.280 UF ($852.221.202 a la fecha), pero “lo anterior vulnera lo acordado en las cláusulas cuarta y quinta del contrato de promesa de cesión celebrado por las partes de fecha 21 de julio de 2022 conforme a las cuales el precio de la propiedad en comento debió ascender a una suma equivalente a 14.688,28 Unidades de Fomento, esto es, a la suma de $514.852.520″.
