Una carta dirigida al candidato republicano José Antonio Kast, firmada por los excancilleres Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, expuso su preocupación por las propuestas migratorias del abanderado, las que -a su juicio- “carecen de sustento logístico y financiero”.
Para los exministros de Relaciones Exteriores, estas además podrían tener efectos tanto en “la dignidad de las personas” como en las relaciones con Bolivia y Perú.
«La política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad», planteron los firmantes.
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Enfatizaron que “las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”.
RELACIONES CON LOS VECINOS
Asimismo, enfatizaron que “la idea de “empujar” o derivar a miles de personas «hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas» con países como Bolivia y Perú.
“Las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350 mil personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”, argumentaron los excancilleres.
Para los exministros, “la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos”.
CRISIS HUMANITARIA
“La gestión de la migración y de la seguridad en la frontera debe compatibilizar el control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada”, aseveraron.
Para ellos, “quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación».
Recalcaron que «resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”.
