La Fiscalía de Magallanes llevó a cabo entre el lunes y el martes una diligencia clave para aclarar cómo se produjo la muerte de cinco turistas extranjeros en Torres del Paine el pasado 17 de noviembre.
La fiscal jefa de Puerto Natales, Romina Moscoso, encabezó un equipo compuesto por funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Santiago y Concepción. El grupo sobrevoló el circuito conocido como la “O” en un helicóptero de Carabineros.
OPERATIVO
El operativo no se limitó al reconocimiento aéreo. Los equipos descendieron a distintos puntos del sendero, aprovechando las mejores condiciones meteorológicas de los últimos días, en un tramo que permanece cerrado desde el accidente.
El objetivo fue observar el terreno, reunir evidencias y realizar mediciones y registros planimétricos, fotográficos y audiovisuales. “La idea era hacer una reconstrucción no solamente histórica, sino que también geográfica”, afirmó a La Tercera el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto. “Hemos tenido grandes avances en la investigación”, añadió.
Entre los hallazgos, se determinó con precisión dónde murió cada una de las víctimas, quienes fallecieron en zonas distintas. Según el fiscal, verificaron que uno de los excursionistas logró llegar con vida al refugio Los Perros mientras combatía la hipotermia, pero igualmente falleció allí.
SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE
El circuito de la “O” es considerado el tramo más complejo del parque, razón por la cual Crisosto recalca que “no fue fácil” acceder a la zona y comenzar el levantamiento de información. En el lugar aún quedaban pertenencias de los senderistas, como ropa y bastones. “Pudieron recoger toda la evidencia que aún había en el lugar. Hace una semana el sendero estaba todo cubierto con dos metros de nieve. Eso se fue fusionando y ahora se pudo hacer con seguridad”, detalló el fiscal.
Crisosto remarcó que el trabajo en terreno permitió constatar elementos que podrían transformarse en pruebas para futuras imputaciones respecto de las responsabilidades de Conaf y la empresa Vértice Travel, encargadas de la administración del circuito.
“Efectivamente, las medidas de señalización y de seguridad en el sendero eran precarias. Estamos hablando de un parque nacional con uno de los circuitos más riesgosos de Torres del Paine, destino internacional para el trekking. Lo que hay hasta el momento es que respecto a la empresa privada como a Conaf uno puede constatar una precariedad”, expresó.
Según el persecutor, ese déficit será clave para determinar si las decisiones que tomaron los excursionistas se vieron influidas por esa falta de medidas: “Lo que estamos haciendo va en la línea de poder investigar todas las hipótesis y descartar algunas. Una de las hipótesis efectivamente es que aquí existe incumplimiento de deberes tanto de funcionarios públicos, como también de la empresa privada”.
El fiscal también espera un informe que aclare si en el refugio Los Perros existían equipos o insumos para atender a personas con hipotermia, considerando que una de las víctimas llegó con vida al lugar. “Lo que se ve en la inspección ocular es que es posible que nos encontremos con precariedad también en los protocolos de contingencia (en el refugio)”, señaló.
EQUIPO ESPECIALIZADO
Crisosto adelantó que, tras esta diligencia, citarán a nuevos testigos, incluidas las máximas autoridades de Conaf. Sin embargo, indicó que deben esperar el trabajo que está realizando un equipo especializado de la PDI, el mismo que participó en investigaciones como el derrumbe en la mina El Teniente y el caso “Bruma”.
Este grupo está revisando contratos, normativas y reglamentos relacionados con la administración del circuito. “Antes de poder tomar declaración a las máximas autoridades, tenemos que tener procesada esa información”, explicó.
El fiscal informó también que ya fueron entregados a sus familias los cuerpos de los dos ciudadanos mexicanos y de la mujer británica. Solo queda por devolver los restos de los turistas alemanes.
Sobre la posibilidad de formalizar a responsables, Crisosto prefiere mantener la prudencia: “En la etapa en que estamos no puedo descartar que exista una causa penal con imputación, porque estamos en una etapa en que estamos no solamente analizando los pormenores del sitio de suceso, sino también estamos analizando los protocolos internos tanto de la empresa como también de la Conaf. A partir de ese análisis vamos a poder orientar de manera más certera la investigación en el ámbito penal”.
El Ministerio Público ya notificó a Conaf que las diligencias finalizaron, por lo que corresponde a la institución decidir la reapertura del sendero. “Esto no puede volver a ocurrir”, concluyó el fiscal.
