El engaño matemático del candidato Kast acerca de las expulsiones masivas. Se trata, como veremos, de una operación aritmética del imposible: expulsar al 40% de extranjeros irregulares en seis meses.
Veamos:
La campaña presidencial ha vuelto a demostrar que en Chile cualquiera puede prometer lo que quiera, siempre que no haya una calculadora cerca. Y pocos ejemplos son tan grotescos como la idea —repetida sin rubor— de que es posible expulsar a decenas de miles de inmigrantes irregulares en cuestión de meses. No hablamos ya de la fantasía de los “30 días”, sino de su versión supuestamente “moderada”: sacar del país al 40% de los irregulares en seis meses.
Pongamos los números sobre la mesa, porque la política necesita menos discursos y más matemáticas.
Hoy se estima que en Chile viven 330.000 migrantes en situación irregular (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). El 40% equivale a 132.000 personas. Y seis meses son 182 días. Eso significa que Chile tendría que expulsar 725 personas diarias, todos los días, sin pausa, sin errores, sin feriados y sin juicios pendientes.
Para entender la escala del absurdo, comparemos con la realidad: Chile expulsa 5 o 6 personas por día. En sus mejores días —y con despliegues extraordinarios— alcanza 20 o 30. Para llegar a la cifra prometida, habría que multiplicar la capacidad actual por 120 veces. Es decir, transformar al Estado chileno en una máquina de deportación a tiempo completo. Algo así como un Ministerio de Expulsiones funcionando 24/7.
La logística es aún más delirante. Para expulsar a 725 personas al día, se requieren al menos 4 a 5 aviones llenos diarios, dedicados exclusivamente a deportaciones. Todos los días. Durante seis meses. Chile nunca ha logrado ni siquiera un vuelo semanal sostenido hacia Venezuela o Haití, porque —dato que algunos olvidan— los países de destino deben autorizar cada vuelo. Venezuela ha rechazado aviones completos. Haití no tiene capacidad para recibir retornos masivos. Colombia exige verificación biométrica individual.
Y aunque mágicamente todos esos países aceptaran recibir cientos de personas al día, hay otro detalle: el costo. Expulsar por vía aérea cuesta entre US$ 2.000 y US$ 7.000 por persona. Hacerlo con 132.000 personas costaría entre US$ 264 millones y US$ 924 millones. O sea, casi un presupuesto anual de un ministerio mediano, quemado entero solo en deportaciones. Y eso sin contar abogados, infraestructura, funcionarios adicionales, escoltas, traslados internos ni diplomacia.
Pero incluso si Chile pudiera pagar esa maquinaria, no podría ejecutarla. La ley obliga a identificar, notificar, dar derecho a defensa, permitir apelaciones y revisar caso a caso. No existen expulsiones colectivas en un Estado de derecho. Los tribunales ya han anulado cientos por falta de debido proceso. Si alguien promete expulsar en masa sin individualizar, lo que está prometiendo es violar la ley chilena, los tratados internacionales y la Constitución.
Por eso este debate no es sobre migración: es sobre honestidad. Prometer expulsiones masivas no es dureza; es populismo aritmético. Una oferta diseñada para activar emociones, no para resolver problemas. La verdadera política pública es lenta, compleja y exige acuerdos, no slogans.
El país merece un debate honesto. Y eso empieza por admitir que ninguna operación política puede funcionar si el primer cálculo básico ya demuestra que es materialmente imposible.
No es solo un exceso retórico; es una estafa intelectual, una mentira envuelta en discurso de orden que engaña deliberadamente a quienes creen que el Estado funciona como un botón de emergencia.
