Aunque ya van a ser dos años del fin de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Chile, las esquirlas en torno al desarrollo de la organización no se detienen.
Es así como la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su labor fiscalizadora, cuestionó el proceso de cierre de la Corporación Santiago 2023, la cual debía finalizar su trabajo en 2024, pero que tuvo una vigencia extendida por un año más.
Todo tomando en cuenta que en la sesión del 25 de noviembre, en Valparaíso, no se entregó ninguna memoria, balance, informe o documento en torno a la gestión de la orgánica.
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DEUDAS DE LA CORPORACIÓN SANTIAGO 2023
Producto de lo anterior, los diputados Erika Olivera y Andrés Celis elevaron una moción para que la Contraloría General de la República haga una auditoría al traspaso de recursos a la Corporación Santiago 2023 para la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y sus respectivas rendiciones.
En los cálculos de ambos parlamentarios, existiría una deuda con proveedores superior a los $9.000 millones, además de pasivos asociados a juicios laborales que podrían bordear los $430 millones.
«La matemática no falla: nos estamos acercando a los $10 mil millones. Y pueden existir otras obligaciones entre medio. La Corporación Santiago 2023 se extinguió el 26 de noviembre, y desde ahí en adelante sus responsables se lavan las manos. No hubo autocrítica, no hubo respuestas y no sabemos quién se hará cargo de las deudas.
Probablemente, será el fisco, porque los proveedores no se quedarán de brazos cruzados», argumentó Erika Olivera, quien además solicitó que, de detectarse irregularidades en Contraloría, el caso deberá remitirse al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe acciones legales.
