Diversas figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos levantaron la voz este 4 de diciembre tras las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien abrió la puerta a una eventual liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad recluidos en cárceles chilenas.
En una declaración conjunta, los firmantes recordaron que Chile, como parte de la comunidad internacional, ha suscrito y ratificado tratados que consagran el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales. Dichos compromisos, recalcaron, son obligatorios para cualquier gobierno, independiente de su orientación política, e implican reconocer, promover y resguardar estos derechos sin distinción.
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Los voceros advirtieron que cualquier propuesta destinada a otorgar indultos, beneficios o mecanismos que impliquen impunidad para responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar constituye un retroceso grave. Señalaron que este tipo de planteamientos desconoce el peso histórico de las violaciones cometidas, hiere nuevamente a las víctimas y sus familias y vulnera estándares internacionales en la materia.
DERECHOS HUMANOS
También insistieron en que los derechos humanos son universales y nadie puede usarlos como herramienta política, menos aún para relativizar hechos que dejaron profundas cicatrices en miles de personas. Recalcaron que la justicia debe tratar a todas y todos por igual, y que quienes cometieron delitos como asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas tienen que cumplir sus penas sin excepciones.
La declaración insistió en que los pilares de la justicia transicional —Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición— siguen siendo obligaciones ineludibles del Estado. Intentar revertir fallos o abrir espacios a la impunidad, advirtieron, solo empeora heridas que permanecen abiertas en el país.
Finalmente, llamaron a la ciudadanía a defender la democracia y los derechos humanos sin ambigüedades, y a rechazar cualquier intento de beneficiar a quienes la justicia ha determinado culpables de crímenes atroces, sean civiles o militares. La dignidad humana, remarcaron, no puede estar sujeta a negociaciones ni cálculos electorales.
La declaración fue suscrita por Carmen Frei Ruiz-Tagle, Nelson Caucoto Pereira, Alicia Lira Matus, Luciano Fouillioux Fernández, Francisco Ugas Tapia, María Paz Ortega Frei y Alonso Ignacio Salinas García






