El presidente estadounidense Donald Trump había adelantado a fines de noviembre que aplicaría medidas más duras en materia migratoria, y varias de ellas ya comenzaron a regir.
Primero, su administración paralizó temporalmente todos los procesos de asilo: “Hasta que podamos garantizar que todos los extranjeros sean investigados y controlados de la forma más exhaustiva posible”, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
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A esto se sumaron nuevas restricciones para ciudadanos de 19 países, que incluyen vetos de ingreso y la suspensión de solicitudes de residencia, naturalización y permisos permanentes como la Green Card. Incluso se ordenó —según el propio director de la agencia, Joseph Edlow— “una revisión exhaustiva y estricta de todas las tarjetas verdes de los extranjeros de los países afectados”, lo que también alcanza a quienes ya poseen residencia legal.
¿QUÉ MOTIVÓ ESTE GIRO?
El ataque del 26 de noviembre en Washington dejó a dos guardias nacionales heridos de bala y uno de ellos murió poco después. La policía detuvo al presunto responsable, un afgano de 29 años que ingresó al país en 2021, y lo acusó de asesinato. Según medios estadounidenses, el hombre trabajó antes para la CIA y otras agencias en Afganistán.
Aun así, la Casa Blanca responsabilizó a la administración anterior por una supuesta falta de control migratorio y aseguró que el agresor entró al país “sin ser investigado”. Sin embargo, el propio Departamento de Justicia aclaró que las autoridades le realizaron un exhaustivo proceso de verificación y lo clasificaron como “sin antecedentes” cuando llegó a Estados Unidos.
PAÍSES INCLUIDOS
La suspensión afecta a ciudadanos de Afganistán, Yemen, Irán, Turkmenistán, Myanmar y Laos; en América Latina, a Cuba, Haití y Venezuela; y en África, a Libia, Chad, Sudán, Eritrea, Somalia, Sierra Leona, Togo, Guinea Ecuatorial, República del Congo y Burundi. Son los mismos países que ya enfrentaban vetos desde junio de 2025, pero ahora con restricciones aún más severas.
Las autoridades estadounidenses los clasifican como “países de alto riesgo” por la escasa confianza en la información que entregan sobre sus ciudadanos y por su limitada cooperación en procesos de deportación.
AFECTADOS
Todos los trámites de asilo, residencia permanente, naturalización y revisión de Green Card están detenidos. Quienes tenían solicitudes en curso no pueden avanzarlas y, tras nuevas revisiones, incluso residentes legales podrían perder su estatus y enfrentar la expulsión.
El freno generalizado también bloquea el ingreso de refugiados y complica la reunificación familiar. Además, podría golpear a sectores económicos que dependen de trabajadores extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas rechazaron con fuerza estas decisiones. Para Tanya Greene, directora del programa estadounidense de Human Rights Watch, “Este cambio radical no tiene que ver con la seguridad. Se trata de convertir a nacionalidades enteras en chivos expiatorios para justificar medidas discriminatorias”.
