La Corte Suprema en plena crisis elige presidencia y con duras advertencias gremiales. Lo que está en juego no es solo la tradición o la testera de la corte, es la credibilidad y el respeto a la justicia.
La Corte Suprema se encamina a una de las decisiones más relevantes de los últimos años. Este lunes 15 de diciembre, el Pleno deberá elegir a su próximo presidente para el período 2026-2027, en un escenario marcado por la crisis de probidad que golpea al Poder Judicial y por el impacto político e institucional del denominado Caso Hermosilla.
Salir o ahondar la crisis
La votación no resolverá solo un relevo administrativo. Definirá el tipo de liderazgo que asumirá el máximo tribunal en un momento de profundo cuestionamiento público, con investigaciones administrativas y penales que involucran a ministros en ejercicio y exautoridades judiciales.
De acuerdo con la tradición histórica, vigente por más de dos siglos -solo rota en 1998 cuando perdió el entonces ministro Osvaldo Faúndez a manos de Roberto Dávila-, la presidencia debería recaer en el ministro más antiguo. En este caso, en la ministra Gloria Ana Chevesich, la integrante con mayor antigüedad del tribunal. Si se respeta esa práctica, Chevesich asumiría el 6 de enero y se convertiría en la primera mujer en encabezar la Corte Suprema.
Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza una alternativa que rompe con ese orden institucional. Un grupo de ministros impulsa la eventual postulación de la ministra María Angélica Repetto, lo que ha evidenciado las tensiones internas que atraviesa el tribunal.
Mala señal
Para distintos actores del mundo judicial, la sola existencia de una candidatura alternativa es una señal del nivel de crisis que enfrenta la Corte. Mientras algunos ven en Repetto un perfil conciliador, capaz de recomponer confianzas internas, otros advierten que su eventual respaldo podría responder a una lógica defensiva frente a nuevas indagatorias por probidad.
La figura de Chevesich concentra buena parte de esas tensiones. Con más de treinta años en el Poder Judicial, su trayectoria está marcada por un rol activo en causas de corrupción, desde el caso MOP-GATE hasta su participación en procesos disciplinarios recientes contra ministros de la propia Corte Suprema.
Ese rol le ha valido respaldo en tribunales inferiores, pero también resistencias al interior del máximo tribunal, especialmente tras su participación en el cuaderno de remoción que terminó con la salida de la exministra Ángela Vivanco y en votaciones que buscaron la destitución de otros magistrados.
APRAJUD advierte
En este contexto, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) decidió intervenir públicamente en el debate. A través de una declaración difundida este viernes, el gremio defendió la tradición de elegir a la presidencia de la Corte Suprema por criterio de antigüedad y manifestó su rechazo a cambios abruptos en el procedimiento.
APRAJUD sostuvo que, si bien el Poder Judicial requiere reformas estructurales en los sistemas de nombramiento —especialmente tras los casos de corrupción y tráfico de influencias revelados por el Caso Audios—, también es fundamental resguardar aquellas prácticas que han otorgado estabilidad, continuidad e imparcialidad institucional.
Prudencia, justicia, templanza y fortaleza
El gremio advirtió que alterar un procedimiento histórico, vigente por más de doscientos años, en medio de una crisis de credibilidad, podría profundizar el daño a la imagen del Poder Judicial y abrir espacio a sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas internas o presiones indebidas.
“La tradición de elegir al ministro o ministra de mayor antigüedad evita sospechas y resguarda la independencia judicial”, señaló APRAJUD, subrayando que el momento actual exige señales claras de probidad y respeto por la carrera funcionaria.
En su declaración, la asociación hizo un llamado a que cualquier decisión se adopte con “prudencia, justicia, templanza y fortaleza”, y enfatizó que la presidencia de la Corte Suprema no puede transformarse en un campo de batalla interna cuando la institución enfrenta su mayor crisis en décadas.
Lo que está en juego
Así, la elección del lunes aparece como una definición que excede largamente lo formal. Para algunos ministros, respetar la antigüedad es una señal mínima de continuidad institucional. Para otros, el contexto actual justificaría una excepción.
Lo cierto es que lo que se juega no es solo un nombre, sino la credibilidad futura de la Corte Suprema y su capacidad de liderar un proceso de recomposición institucional en medio de investigaciones, acusaciones constitucionales y un debate abierto sobre la probidad judicial.
