Si este domingo José Antonio Kast se impone en las urnas, su triunfo será legítimo. Nadie sensato puede ni debe desconocer el veredicto electoral. Así funciona una democracia. Y así debe respetarse.
Pero aceptar el resultado no obliga al silencio. Mucho menos cuando lo que está en juego es el rumbo económico y social del país en los próximos años.
Uno de los principales flancos del proyecto de Kast no es ideológico, sino programático: el anunciado recorte fiscal por US$6.000 millones, una cifra de magnitud histórica, cuya aplicación concreta sigue siendo un misterio.
No es una omisión menor. Es una decisión estructural que impacta directamente el gasto social, la inversión pública y la estabilidad institucional. Sin embargo, el detalle del ajuste permanece deliberadamente oculto.
La razón no la entregan sus adversarios, sino su propio comando. El senador electo y que funge de jefe de campaña, Rodolfo Carter, lo reconoció sin ambigüedades: no revelan dónde se recortará porque hacerlo podría provocar un estallido social.
Ese reconocimiento debería encender todas las alarmas. No por el ajuste en sí —que puede ser legítimo debatir— sino por la lógica que lo sostiene: gobernar primero, explicar después.
Más inquietante aún fue lo ocurrido en el último debate presidencial. Kast admitió que el recorte afectaría los años de servicio de los trabajadores, de paso, evidenciando un desconocimiento básico de la normativa vigente. No se trató de un lapsus retórico, sino de una confusión sustantiva sobre la ley.
Cuando un candidato propone ajustes de esta magnitud sin claridad técnica, el problema deja de ser político y pasa a ser institucional.
Chile ya conoce los costos de reformas improvisadas, mal explicadas o impuestas sin consenso. La historia reciente demuestra que la estabilidad no se sostiene solo en las urnas, sino en la transparencia, la previsibilidad y el respeto a los acuerdos sociales básicos.
Kast ha construido su candidatura sobre la promesa de orden. Pero el orden no se decreta. Se construye con reglas claras, con programas explícitos y con un diálogo honesto con la ciudadanía.
Si gana, gobernará con una legitimidad de origen indiscutible. Pero también con una responsabilidad mayor: decir la verdad completa sobre el país que pretende administrar y los costos reales de su proyecto. Ello, es la legitimidad de ejercicio y, esa, no la ha ganado aún.
Porque en democracia, el problema no es perder elecciones.
El verdadero riesgo es ganarlas sin explicar para qué, ni cómo.
