La tarde del 11 de marzo de 2022, desde el balcón del Palacio de La Moneda, el recién investido Presidente Gabriel Boric ofreció su primer mensaje al país como Jefe de Estado. En ese discurso inaugural, la palabra “seguridad” apareció solo una vez, un concepto que, sin preverlo entonces, terminaría transformándose con el correr de los meses en el eje más reiterado y determinante de su gestión.
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El viraje abrupto en esta materia —que comenzó cuando Boric debió ceder y decretar estado de excepción en la Macrozona Sur, pese a haber planteado previamente la desmilitarización de La Araucanía— se fue consolidando a lo largo de su mandato. De hecho, la medida excepcional pasó a ser permanente y continúa vigente hasta hoy.
KAST
Por lo mismo, el contraste con el presidente electo resulta evidente. A diferencia de Boric, su sucesor, José Antonio Kast, llegó a La Moneda tras una campaña centrada precisamente en la seguridad, tema que encabeza las preocupaciones ciudadanas según las encuestas.
Según diversos especialistas, el contexto en que Boric asumió la Presidencia difiere sustancialmente del que enfrentará su sucesor, así como también del escenario que se fue configurando durante el propio mandato del frenteamplista.
Esto se refleja no solo en las cifras delictuales acumuladas a lo largo de los 1.375 días de gobierno, sino también en el cambio de enfoque discursivo y político que experimentó su administración, junto con las transformaciones institucionales impulsadas desde 2022.
SEGURIDAD BAJO BORIC
De acuerdo con expertos en seguridad consultados por La Tercera, la administración de Boric comenzó en un momento en que ya se confirmaba una tendencia al alza de distintos delitos tras la pandemia. Un ejemplo de ello fue que ese año se alcanzó el mayor número de homicidios registrado en Chile, con 1.330 víctimas y una tasa de 6,7 fallecidos por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 4,5 de 2018, cuando se inició el incremento.
Además de ese elevado número de homicidios —equivalente a un promedio de 3,6 víctimas diarias— la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el 21,8% de los hogares tuvo al menos una persona afectada por un delito. En paralelo, un 90,6% de los encuestados consideró que la delincuencia había aumentado, cifra récord que encendió alertas por la percepción de inseguridad y posicionó al país, según sondeos, entre los más atemorizados del mundo.
El aumento de los delitos violentos, incluidos los homicidios, responde —según el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson— a tres factores principales: una mayor participación de menores de edad que actúan con niveles más altos de violencia; el incremento en la circulación de armas de fuego; y una mayor incidencia de delitos asociados a bandas, tanto organizaciones nacionales tradicionales como nuevas estructuras criminales internacionales.
INCREMENTO DE SECUESTROS
A ello se suma que, desde 2023, comenzó a evidenciarse un incremento significativo en delitos como secuestros y extorsiones. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, ese año se inició un alza que alcanzó su punto máximo en 2024, con 868 casos registrados.
Un informe del Ministerio Público indicó que entre 2023 y 2024 se identificaron al menos diez organizaciones criminales extranjeras operando en el país, entre ellas el Tren de Aragua, de origen venezolano, y Los Pulpos, provenientes de Perú.
El documento señala que “esas organizaciones internacionales no estaban presentes en el Chile prepandemia”. Al respecto, Johnson sostiene que “este tipo de delito no estaba tan presente en Chile y por lo tanto el Estado no estaba preparado. Pero tenemos que tener conciencia de que ha habido una reacción que ha tenido efectividad, quizás no todo lo que uno hubiera querido, pero el Ministerio Público ha tenido la capacidad de identificar, desarticular y encarcelar a ramas de organizaciones internacionales”.
Durante 2023, y tras los asesinatos de los carabineros Álex Salazar en Concepción, Rita Olivares en Quilpué y Daniel Palma en Santiago, el gobierno se vio obligado a impulsar una serie de modificaciones legislativas.
LEY NAIN
Entre ellas destacó la aprobación de la Ley Nain-Retamal, que fortaleció las facultades y la protección de los funcionarios policiales, además de un acuerdo con el Congreso para implementar dos “fast track legislativos”, lo que permitió despachar en corto plazo decenas de iniciativas en materia de seguridad.
Posteriormente, el Ejecutivo anunció el Plan Calles Sin Violencia, que no solo apuntaba a contener el aumento de homicidios, sino que también destinó recursos para la creación del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el Ministerio Público. A ello se sumó la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
También se concretó una significativa renovación del parque vehicular de Carabineros, la adquisición de vehículos blindados para Carabineros y la PDI, junto con nueva indumentaria, equipamiento de protección y un fuerte impulso a la inversión tecnológica, respaldado por un presupuesto histórico en seguridad.
“Este gobierno ha puesto un acento en generar institucionalidad para hacerse cargo de la inseguridad. Y no solo el gobierno: creo que en este periodo han coincidido distintas instituciones que han tomado conciencia de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para hacerse cargo de la inseguridad”, afirma Johnson.
SEGURIDAD PÚBLICA
Respecto al estado actual de la seguridad pública, el director de investigación y desarrollo del Centro de Justicia & Sociedad de la Universidad Católica, Pablo Carvacho, señala que “el escenario de estos últimos años ha sido más bien de estabilidad en términos delictuales, con pequeños signos de mejora, sobre todo respecto a los homicidios, lo cual es un dato tranquilizador, pero eso no implica que estamos en una situación de complejidad en el panorama delictual”.
Esto se evidencia en que, durante el primer semestre de 2025, algunos delitos comenzaron a mostrar descensos según reportes oficiales, profundizando una tendencia a la baja que se arrastra desde 2024. En concreto, los secuestros disminuyeron un 2,1%, según datos de la Fiscalía, mientras que los homicidios registraron una caída del 13,8%, de acuerdo con el Observatorio de Homicidios.
Pese a este escenario más estable con el que asumirá el próximo gobierno, los expertos advierten que no se trata de una situación garantizada, debido a la variabilidad de los delitos y a que, aunque hayan disminuido levemente, las cifras continúan siendo elevadas.
Por otra parte, cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestran que algunos delitos presentan una tendencia a la baja. Tras un repunte en 2024, los robos violentos —que incluyen robos con violencia, por sorpresa y de vehículos— registraron una disminución, pasando de una tasa de 150,3 casos policiales en el tercer trimestre del año pasado a 135 en el mismo periodo de 2025.
