La Contraloría General de la República (CGR) anunció una fiscalización profunda a la alianza entre Codelco y SQM para la explotación del litio.
Esto ocurre luego de que los diputados Carlos Bianchi Chelech, Raúl Soto Mardones, Cristián Tapia Ramos, Héctor Ulloa Aguilera y Camila Musante Müller solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de esta asociación público-privada, incluyendo los actos previos que derivaron en su celebración, los que, a su juicio, «no se ajustarían a derecho».
El organismo fiscalizador advirtió que no puede anular el contrato por decisión propia, pero sí asegurar que cada paso administrativo se haya dado conforme a la ley.
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“CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, expuso el órgano fiscalizador.
«Por mandato legal, no corresponde que esta Entidad de Control pondere decisiones que incidan directamente en la gestión y dirección del respectivo organismo o empresa pública, el diseño de sus políticas o negocios, sus prioridades u otros aspectos equivalentes», detalló.
«Ello no obsta, sin embargo, a que este Organismo Fiscalizador revise la legalidad y procedencia de las actuaciones de que se trate y la correcta utilización de los recursos en las finalidades propias de cada entidad, en el marco de las atribuciones que la ley le otorga», expuso.
POLÉMICO ACUERDO
El acuerdo del litio que ahora revisará la Contraloría ha sido cuestionado en el Congreso.
En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora, que planteó solicitar al Presidente Gabriel Boric que instruya a la minera estatal a que deje nulo el convenio. El informe fue aprobado por 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
A pesar de eso la alianza logró completar todos los pasos necesarios para su materialización, que era el visto bueno del regulador antimonopolio de China.
