Un complejo escenario enfrenta la administración de la Municipalidad de La Florida luego de que la Contraloría General de la República emitiera el informe final de investigación N° 375. En el documento, el organismo fiscalizador concluyó que no existen antecedentes suficientes que permitan acreditar las funciones desempeñadas por la exministra Cecilia Pérez (RN) durante varios meses de 2024, razón por la cual solicitó la restitución de $18,5 millones a las arcas municipales, según informó CIPER.
Desde enero de 2024, Pérez se desempeñaba como coordinadora de gabinete del entonces alcalde Rodolfo Carter, percibiendo una remuneración bruta mensual superior a los $4,6 millones. Sin embargo, la auditoría detectó deficiencias en los respaldos de su trabajo. “No se obtuvo evidencia de la realización de las labores encomendadas… los aludidos informes declaran labores desarrolladas solamente durante algunos días del mes de pago”, consigna el informe de Contraloría.
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El detalle de los registros revisados resulta revelador: en enero de 2024 la exministra reportó solo ocho días de trabajo; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete jornadas. Pese a ello, recibió la totalidad de su remuneración en cada uno de esos meses.
CUESTIONAMIENTOS A CECILIA PÉREZ
La investigación, iniciada tras una denuncia presentada por la diputada Ana María Gazmuri, no se limitó únicamente a la situación de Pérez. Contraloría también examinó contrataciones de personas de su entorno cercano en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef).
En el caso de su exmarido, Carlos Contreras Mena, contratado en octubre de 2023, el organismo fiscalizador solicitó la devolución de $4,9 millones, al considerar que los informes presentados eran “genéricos” y no permitían acreditar el cumplimiento efectivo de sus funciones.
Asimismo, se objetaron pagos por $2,3 millones correspondientes a Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de Pérez, vinculados a reajustes salariales que no se ajustaban a lo estipulado en su contrato original.
DEFENSA DLE MUNICIPIO
Desde la Municipalidad de La Florida respondieron a CIPER señalando que existe una “discrepancia jurídica” con la interpretación de Contraloría. Según explicaron, el ente fiscalizador estaría exigiendo un “estándar superior al habitual” para respaldar contratos a honorarios, equiparándolos a exigencias propias de funcionarios de planta. “Exigir un estándar de habitualidad permanente resulta jurídicamente improcedente para un contrato de honorarios a suma alzada”, sostuvieron, adelantando que presentarán nuevos antecedentes para subsanar las observaciones.
En ese contexto, Contraloría iniciará en los próximos días el procedimiento de reparo de cuentas con el objetivo de recuperar los recursos que considera no justificados, abriendo un complejo escenario administrativo para la gestión del senador electo Rodolfo Carter.
Desde la entidad edilicia descartaron categóricamente que exista, por ahora, una obligación de devolver los $18,5 millones mencionados en el informe, calificando esa interpretación como “información incorrecta”. Según explicaron, el organismo fiscalizador otorgó un plazo de 60 días para entregar nuevos antecedentes, periodo en el cual el municipio confía en desvirtuar las observaciones.
DIFERENCIA
Uno de los ejes de la defensa municipal apunta a la distinción jurídica contenida en el dictamen. La administración comunal aclaró que “formular un reparo… no es lo mismo que ordenar un reintegro”.
Explicaron que el reparo corresponde únicamente al inicio de un procedimiento contable, en el que se analizan los antecedentes, se reciben descargos y se determina si existe o no responsabilidad patrimonial. “Recién al final de ese proceso, y solo si la sentencia confirma el reparo, podría configurarse una obligación efectiva de reintegrar recursos”, indicaron fuentes municipales.
ROL Y REMUNERACIÓN DE AZUL AZUL
En paralelo a su desempeño en el municipio, Cecilia Pérez mantiene funciones en el ámbito privado. De acuerdo con la memoria anual 2024 de Azul Azul, la exministra se desempeña como directora de la concesionaria desde el 22 de abril de 2022 y continúa en el cargo hasta la fecha. En ese contexto, percibe una remuneración mensual cercana a los $2.900.000 por su rol como Directora de Asuntos Públicos.
Desde la sociedad anónima explican que dicha remuneración se justifica debido a que, además de integrar el directorio y ejercer la vicepresidencia, Pérez cumple funciones ejecutivas de carácter operativo, lo que la diferencia de los directores tradicionales.
Si bien no se ha hecho público un contrato con un horario de oficina convencional, el ejercicio de sus funciones implica una dedicación permanente. Entre los elementos considerados se encuentra la dualidad de funciones, ya que su labor en Azul Azul se desarrollaba de manera paralela a otras responsabilidades, como su rol en la Municipalidad de La Florida y su participación en el Comité Paralímpico de Chile.
Asimismo, al asumir un cargo ejecutivo como Directora de Asuntos Públicos, se informó que su función implicaba una mayor presencia institucional y operativa en el club, superior a la de un director tradicional. A ello se suma su participación en la Comisión Fútbol, instancia encargada de definir refuerzos, lo que requiere asistencia a reuniones periódicas de gestión deportiva.
Cabe consignar que históricamente los directores de Azul Azul no percibían ingresos por su participación en el directorio. Esta situación se modificó en el caso de Pérez, precisamente porque ejercía funciones ejecutivas en las mismas fechas en que «trabajaba en la municipalidad», manteniendo además horarios en la «U» y en otras instituciones.
