DC DC impugna ante Contraloría nombramientos del futuro Gobierno de Kast. Estos estarían hechos al margen de la ley y del principio de igualdad. Denuncia que se estarían vulnerando los mecanismos legales de ingreso a la administración del Estado.
La Democracia Cristiana (DC) acusó una irregularidad en el sistema de reclutamiento impulsado por el futuro gobierno de José Antonio Kast. Lo anterior, al advertir que podría vulnerar las normas legales que rigen el ingreso a la administración pública.
La controversia gira en torno al programa “Futuro Público”. Se trata de una iniciativa promovida desde el entorno del presidente electo para conformar una base de datos de profesionales jóvenes que podrían integrarse al Estado a partir de marzo.
Un sistema paralelo al Servicio Civil
El programa está dirigido a profesionales menores de 35 años y ofrece capacitaciones, charlas formativas y la posibilidad de ser considerados para cargos en ministerios, subsecretarías y servicios públicos.
Para la DC, el mecanismo resulta cuestionado. El jefe de bancada, Héctor Barría, ofició a la Contraloría General de la República y al Servicio Civil, solicitando que evalúen si esta modalidad se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
“En Chile existe un sistema muy riguroso, imparcial y transparente para el ingreso al servicio público”, sostuvo Barría. Subrayó que los cargos deben proveerse mediante concursos abiertos y reglas de mérito.
Dudas legales y éticas
Desde la DC advierten que “Futuro Público” no está reconocido como un mecanismo válido de selección de funcionarios. Esto, abre dudas sobre su legalidad y sobre el respeto al principio de igualdad ante la ley.
El sistema de Alta Dirección Pública y los concursos del Servicio Civil buscan precisamente evitar redes de favoritismo. También reclutamientos partidarios o designaciones discrecionales, prácticas que históricamente han sido cuestionadas por afectar la probidad del Estado.
Barría fue enfático: “Es una mala señal que el futuro gobierno reclute personas para el aparato público por vías distintas a las establecidas”.
1. Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834)
Ingreso por concurso público: El artículo 15 establece que el ingreso a cargos de planta debe realizarse obligatoriamente mediante concursos públicos de oposición, garantizando la igualdad de oportunidades.
Requisitos de idoneidad: Los artículos 12 y 13 fijan requisitos objetivos (títulos profesionales, salud compatible, situación militar al día) que no pueden ser reemplazados por criterios de selección discrecionales o externos.
Límites a la «Contrata»: La DC advierte que cualquier reclutamiento masivo bajo la modalidad de contrata debe respetar el tope legal del 20% de la planta de la institución, según el artículo 10.
2. Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N° 18.575)
Principio de Probidad y Transparencia: La denuncia apela a que la selección de funcionarios debe basarse en el mérito y la idoneidad, evitando el uso de cargos públicos para fines políticos o partidarios.
Eficiencia y Eficacia: Se argumenta que la creación de sistemas paralelos de reclutamiento vulnera la organización jerárquica y técnica del Estado.
3. Constitución Política de la República
Igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2): La DC sostiene que un sistema de selección no regulado legalmente discrimina a ciudadanos que cumplen con los requisitos legales pero no pasan por los filtros del nuevo gobierno.
Admisión a todas las funciones públicas (Art. 19 N° 17): Garantiza el derecho a acceder a cargos públicos sin más requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.
4. Facultades de la Contraloría (Ley N° 10.336)
La contradicción con el discurso de Kast
El cuestionamiento adquiere mayor peso político por el contraste con el discurso sostenido por Kast durante la campaña. El presidente electo prometió reducir la dotación estatal —habló de hasta 168 mil funcionarios— y criticó duramente la existencia de “operadores políticos” en el Estado.
Bajo ese marco, resulta al menos contradictorio —según la DC— que se impulse un sistema de captación de cuadros desde una lógica vinculada al proyecto político del oficialismo entrante.
“Si se critica el cuoteo y se promete austeridad, el apego a la ley debe ser total, no selectivo”, señalan desde el Congreso.
Lo que viene ahora
La Contraloría deberá analizar si el programa vulnera principios como legalidad, imparcialidad, igualdad de acceso y mérito, pilares del empleo público en Chile.
De detectarse irregularidades, el organismo puede ordenar ajustes, suspender el mecanismo o emitir instrucciones vinculantes para el Ejecutivo entrante.
Más allá del resultado jurídico, el caso instala una pregunta de fondo: ¿Cómo se compatibiliza la promesa de reducir el Estado con la creación de estructuras paralelas de reclutamiento?
En un escenario de alta exigencia ciudadana por probidad y coherencia, la respuesta no será solo administrativa. Será política.
