Derecha apoyó en 2024 la “confianza legítima” y hoy, solo un año después la cuestiona. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, acusó a la derecha de desconocer una votación clave que ella misma respaldó hace un año, en medio del debate por la llamada “ley miscelánea de amarre”.
Según el parlamentario, el 2 de diciembre de 2024, diputados de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente aprobaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara un proyecto que fija en dos años la “confianza legítima” para funcionarios públicos a contrata. Y, por unanimidad.
La votación que hoy se omite
La iniciativa buscaba otorgar mayor estabilidad laboral a trabajadores del Estado, reduciendo de cinco a dos años el plazo para invocar confianza legítima ante despidos arbitrarios.
El proyecto fue aprobado en general en comisión, con respaldo transversal, y contó con votos favorables de parlamentarios de derecha. El hecho fue valorado en su momento por organizaciones de funcionarios públicos.
Ibáñez sostuvo que resulta “inconsistente” que hoy sectores que apoyaron esa norma acusen un supuesto “amarre” al próximo gobierno.
Cambio de discurso
La crítica del diputado apunta a que la derecha hoy cuestiona normas que fortalecen la estabilidad en el empleo público, pese a haberlas respaldado cuando se discutieron.
El debate reflotó tras los cuestionamientos al paquete legislativo que busca consolidar derechos laborales antes del cambio de gobierno.
Para Ibáñez, “no se puede denunciar como irregular lo que se votó a favor hace un año y con pleno conocimiento de su contenido”.
¿Coherencia?
Según el parlamentario, «El acuerdo entre el Gobierno y la ANEF está muy lejos de ser un «amarre» como inventa el Presidente de Republicanos. O, un acto de corrupción como inventa el Pdte. de la UDI o una ley dictatorial pinochetista como sugiere la editorial de La Tercera.
Lo que propone el acuerdo es que si puedes ser despedido, mediante acto fundado, fundamentos de derecho y criterios objetivos, con 30 días de anticipación. Además, respetando las vacaciones acumuladas cuando corresponda.
Quienes superen los dos años a contrata podrán reclamar a tribunales. Con todo, se mantienen plenamente vigentes las causales de cesación del cargo establecidas en la ley. Esto no es un amarre, es establecer criterios objetivos para más de 260 mil trabajadores públicos que, muchos, deberían estar contratados por planta si Chile cumpliera con su propia ley.
Contexto institucional
El proyecto sobre confianza legítima surgió tras un cambio de criterio de la Contraloría General de la República, que elevó a cinco años el estándar para acceder a esa protección.
Esa decisión dejó a miles de funcionarios a contrata sin resguardo laboral, lo que motivó una reacción transversal en el Congreso.
Un debate que vuelve
Hoy, con un nuevo escenario político, la votación de diciembre de 2024 volvió al centro del debate.
Para el parlamentario del Frente Amplio, el registro legislativo es claro: la derecha apoyó la norma que hoy critica. El cruce marca una nueva disputa sobre la coherencia política y el alcance real de las reformas al empleo público.
El proyecto votado transversalmente si existe, pero no es ley aún. El debate no solo se da en el Congreso, también en Contraloría y en tribunales. Todos los intervinientes ajenos al Congreso y habían mutado su posición. Ahora fue el turno de la voltereta de la derecha.
La DC recurrió a la Contraloría justamente por el intento de Kast de armar una selección de funcionarios paralela a la fijada en la Constitución y la Ley. Ello contradice el eliminar más de cien mil funcionarios públicos, somo aseguró un asesor de derecha.
