La controversia por la norma que el Gobierno busca incorporar en el reajuste del sector público, que fija exigencias para el despido de funcionarios a contrata, abrió un flanco de críticas transversales, aunque no logró alinear a la oposición detrás de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Mientras la UDI endureció el tono y advirtió con llevar el caso a ese terreno si la iniciativa no se retira, otros sectores estiman que el debate debe zanjarse en la votación legislativa y no en un juicio político.
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ADVERTENCIAS DESDE LA UDI Y EL FOCO EN LOS “AMARRES”
Desde la UDI, sus dirigentes acusaron que el Ejecutivo intenta “perpetuar” cargos mediante una regla permanente inserta en una ley anual. A su juicio, se trataría de un “amarre” para favorecer a operadores políticos, por lo que —si no hay marcha atrás— anunciaron que activarán una acusación constitucional en marzo. La bancada insistió en diferenciar entre funcionarios de carrera y designaciones con conflicto de interés, alertando sobre efectos en la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana.
RECHAZO A LA AC Y LLAMADO A RESOLVER EL DEBATE EN EL CONGRESO
Sin embargo, esa amenaza no concitó respaldo unánime. En Demócratas, la jefa de bancada Joanna Pérez sostuvo que la propuesta es cuestionable, pero que “no dan los argumentos” para una acusación constitucional. “La oposición a malas prácticas no obliga a sobrerreaccionar con herramientas excepcionales”, señaló, llamando a mayor pulcritud fiscal en la recta final del Gobierno.
Desde el oficialismo, el Frente Amplio acusó un uso político del mecanismo. Diego Ibáñez sostuvo que la derecha recurre a una presión “no democrática” frente a un proyecto que, remarcó, sería menos restrictivo que normas ya aprobadas con votos opositores. “Si no les gusta la ley, que voten en contra”, planteó, recordando el historial de acusaciones fallidas.
CLIMA DE GUERRILLA
En una línea similar, el PPD y la DC rechazaron el “clima de guerrilla” y pidieron discutir el fondo del empleo público sin estigmatizar a quienes ingresaron en el actual período. RN, en tanto, llamó al Gobierno a evaluar el costo político de insistir, considerando la agenda pendiente. Republicanos elevaron el tono y prometieron usar “todas las atribuciones” para impedir lo que califican como un “fraude”.
Así, el Congreso coincide en cuestionar la norma, pero discrepa en el camino: más votos y menos ultimátums.
