El nuevo enfrentamiento entre el Anuar Quesille y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a tensionar el debate sobre cómo enfrentar la violencia en los liceos emblemáticos y cuál es el límite del rol que cumplen los distintos órganos del Estado en esa tarea.
UN DEBATE QUE TRASCIENDE LO PERSONAL
El conflicto se reactivó tras las declaraciones de Quesille en T13 Radio, donde descartó que la Defensoría de la Niñez haya intentado impedir la aplicación de la Ley Aula Segura. A su juicio, la idea de una obstrucción es “un mito” instalado desde la alcaldía, recalcando que ningún oficio emitido por la institución prohíbe aplicar una norma vigente, aunque sí advierte sobre estándares y debido proceso.
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El defensor sostuvo que su rol no es vetar herramientas legales, sino fiscalizar que su aplicación respete los derechos de niños, niñas y adolescentes, subrayando que combatir la violencia no puede hacerse ignorando problemas estructurales del sistema educativo.
LA RESPUESTA MUNICIPAL: FOCO EN ORDEN Y SEGURIDAD
Desde la Municipalidad de Santiago, la reacción fue categórica. En un comunicado, el municipio acusó que las acciones y declaraciones del defensor “entorpecen gravemente” el deber de resguardar la seguridad de las comunidades educativas. Aseguró que todas las medidas adoptadas, incluida la aplicación de Aula Segura en el INBA, se han ejecutado con apego a la ley y al debido proceso.
El municipio respaldó su postura con cifras concretas y sostuvo que la abrupta caída en la matrícula del Internado Nacional Barros Arana y del Liceo de Aplicación demuestra que la violencia sostenida ha deteriorado gravemente el derecho a la educación, impactando directamente a miles de estudiantes y sus familias.
UNA PUGNA INSTITUCIONAL SIN CIERRE A LA VISTA
La controversia escaló cuando Desbordes acusó al defensor de “bloquear herramientas legales” y de no ponerse del lado de la mayoría de estudiantes que, según dijo, solo quieren estudiar en paz. En la misma línea, la directora de Educación municipal, Pilar Sazo, afirmó que estos cuestionamientos dificultan entregar un servicio educativo adecuado.
Más allá del cruce de declaraciones, el episodio expone una tensión de fondo entre garantías de derechos y gestión de la seguridad escolar. Una disputa institucional que, por ahora, sigue abierta y que refleja la dificultad de articular una respuesta común frente a la violencia en los liceos emblemáticos.
