Como «un error político, probablemente el último error político del gobierno», calificó el diputado del PPD Raúl Soto la polémica generada por la denominada “ley de amarre” impulsada por el Ejecutivo en el marco del reajuste del sector público.
A su juicio, el episodio terminó beneficiando el relato de la derecha en pleno período de transición presidencial.
Con dureza, en conversación con Radio ADN el parlamentario sostuvo que la iniciativa fue mal manejada desde el punto de vista comunicacional y estratégico.
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Sostuvo, además, que la situación “ensució el debate de la Cámara” y entregó “en bandeja un relato contrario a los intereses del gobierno y del futuro oficialismo”.
Soto aseguró que hizo ver su molestia al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y que le dijo que “había algo de torpeza en ese planteamiento y en no haberlo explicado de otra forma, sino que salir a contrarrestar la situación de manera tardía, después de la filtración”.
«ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICADA»
El diputado, en todo caso, descartó cualquier respaldo «bajo ningún punto de vista» a la acusación constitucional anunciada por la UDI contra el jefe de las finanzas públicas. «Creemos que es una medida absolutamente injustificada”, afirmó y acusó a la oposición de buscar una “pequeña ventaja política” a meses del término del gobierno.
“Cuando a uno no le gusta un proyecto de ley, lo que corresponde es tratar de cambiarlo o votarlo en contra, no acusar constitucionalmente a un ministro porque el proyecto no me gusta. Eso es directamente antidemocrático”, enfatizó Soto, para quien el Congreso es el lugar donde deben resolverse las diferencias con un proyecto de ley.
En ese sentido, Soto sostuvo que aún existe espacio para corregir la norma llamada de amarre y «construir un acuerdo que dé certezas a los funcionarios públicos y permita cerrar este traspié político».
