La controversia protagonizada por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, no solo obligó al Gobierno a salir a dar explicaciones, sino que reabrió un flanco mayor: la falta de herramientas institucionales para fiscalizar políticamente a los representantes diplomáticos del país.
Tras los dichos de Pakarati en redes sociales, donde promovió la “libre determinación de la nación rapanui”, la Unión Demócrata Independiente (UDI) decidió reactivar una ofensiva legislativa que mantenía congelada desde 2022. El gremialismo envió una carta a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados solicitando poner en tabla su proyecto de reforma constitucional que habilita la acusación constitucional contra embajadores.
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Desde la bancada opositora sostienen que el caso Pakarati evidencia una “zona gris” en la política exterior chilena: si bien la Cancillería informó que la embajadora fue reprendida, no se han transparentado sanciones concretas. Para la UDI, esta falta de consecuencias refleja una actitud “pasiva y complaciente” del Ejecutivo encabezado por el Presidente Gabriel Boric, lo que refuerza —afirman— la necesidad de un mecanismo de control político y jurídico.
En su argumentación, el bloque subraya que los embajadores cumplen un rol estratégico en la representación internacional del Estado y, por tanto, deben estar sujetos a responsabilidades equivalentes a las de otras altas autoridades. “Resulta lógico que exista un procedimiento para juzgar eventuales infracciones”, señalan en la misiva enviada a la comisión.
Desde el oficialismo, la presidenta de la instancia legislativa respondió con cautela. Si bien manifestó disposición a tramitar iniciativas, recalcó que la comisión enfrenta prioridades urgentes, especialmente proyectos vinculados a seguridad pública, lo que podría postergar nuevamente el debate sobre la reforma.
El episodio Pakarati se suma así a una seguidilla de polémicas protagonizadas por embajadores en los últimos años, alimentando una discusión de fondo: si el Congreso debe recuperar un rol más activo en el control de la diplomacia chilena, un ámbito que históricamente ha estado casi exclusivamente bajo la órbita del Ejecutivo.
