Fiscalía denuncia que Cathy Barriga «desvió» más de $32 mil millones durante su administración en Maipú.
Según el expediente, la manipulación presupuestaria habría desfinanciado servicios esenciales. De paso, habría beneficiado proyectos personales fuera del marco legal.
La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, enfrenta un nuevo capítulo judicial tras la presentación formal de la acusación. Se trata de una extensa presentación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ello, podría llevarla a una condena por delitos de corrupción que suman penas de hasta 23 años de cárcel.
Según el documento de casi dos mil páginas, Barriga y colaboradores habrían puesto en marcha un mecanismo que la Fiscalía describe como ‘bicicleta financiera’. Esta consiste en la manipulación del presupuesto municipal de Maipú. Buscaban desviar recursos originalmente destinados a servicios básicos, educación y otros gastos esenciales de la comunidad.
La acusación sostiene que la entonces alcaldesa y su entorno habrían malversado al menos $32.884 millones de pesos en recursos públicos. Estos fondos debían ser utilizados para servicios esenciales como mantención de agua potable, alumbrado público, recolección de basura y áreas verdes, entre otros.
Desvíos, deudas y “maquillaje” presupuestario
El expediente detalla que para ocultar la real situación financiera del municipio se habría recurrido a prácticas de maquillaje presupuestario. Operaban eliminando gastos de la contabilidad oficial e introduciendo deudas ocultas en cuentas fantasmas. Estas no aparecían en los balances presentados al Concejo Municipal.
Por ejemplo, en diciembre de 2019 se habrían suprimido de los registros oficiales gastos por $6.801 millones. Ello, con el objetivo de mostrar balances “favorables”. Igualmente, se ocultaron más de $13 mil millones en deudas con proveedores en la cuenta denominada ‘Acreedores’”.
Estas prácticas habrían generado cuantiosas deudas con empresas que prestan servicios esenciales, entre ellas Veolia Su Chile S.A., responsable de la recolección de basura en la comuna, con una deuda que superó los $2.399 millones.
Impactos en educación y uso de fondos estatales
Las irregularidades detectadas no se limitarían a proveedores externos. La acusación también menciona desvíos de fondos destinados a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC). Organismo que administra recursos estatales destinados a la educación pública.
Según el escrito, parte de estos recursos —que debían beneficiar a los 26 establecimientos educacionales y jardines infantiles de la comuna— fueron gastados en compras polémicas, como kits de útiles escolares entregados a estudiantes de colegios privados, y miles de pares de peluches que habrían servido a fines diferentes al objetivo original de los fondos.
Marca personal y gastos polémicos
El uso de recursos municipales también habría financiado proyectos vinculados a la imagen personal de Barriga. La acusación señala que se destinaron $125,3 millones a actividades relacionadas con la marca personal “Fuerza de Mujer”. estos gastos incluyeron eventos, charlas y contratación de animadores.
Además, se menciona la contratación de una persona para labores no relacionadas con funciones municipales esenciales, lo que habría generado un perjuicio fiscal de al menos $9,7 millones.
Falsificación y ocultamiento de déficits
Para encubrir el déficit y la situación real de la comuna, la Fiscalía sostiene que se recurrió a la falsificación de instrumentos públicos en las cuentas anuales. En la cuenta pública de 2020, por ejemplo, se habría omitido la existencia de pasivos por $20.756 millones, ocultando un déficit significativo.
Tras presentar la acusación, la Fiscalía solicitó penas de cárcel que, sumadas, superarían los 23 años, además de multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Desde la defensa, el abogado de Barriga pidió la reapertura de la investigación para incorporar diligencias adicionales, que según él no fueron consideradas, incluyendo informes de la Contraloría y otros organismos.
El tribunal ya fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 3 de febrero, instancia en la cual se discutirá la prueba presentada por la Fiscalía y la defensa.
