La Cámara de Diputadas y Diputados abrió un frente diplomático contra el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, tras sus críticas públicas a la Ley EAT (conocida como Ley Uber), pero al mismo tiempo mantiene en agenda su visita oficial al Congreso, configurando un escenario de evidente tensión política e institucional.
El conflicto se desató luego de que parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio y Partido Socialista acusaran al diplomático de intervenir en asuntos internos del país, luego de que calificara la normativa chilena como un caso de “sobrerregulación”. El diputado Luis Cuello (PC) encabezó la ofensiva y presentó una carta ante la Mesa de la Cámara para solicitar que se formule un reclamo formal ante la embajada de Estados Unidos.
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Para el parlamentario, los dichos del embajador cruzan un límite: sostuvo que se trata de una “injerencia ilegítima” y recalcó que Chile “no necesita que una potencia extranjera le indique cómo legislar”. La postura fue respaldada por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la diputada Ericka Ñanco, que acordó de manera unánime enviar una carta de reclamo a la Cancillería.
En el documento, la comisión subraya que la soberanía nacional implica plena autonomía para dictar leyes y políticas públicas, y recuerda que la Convención de Viena obliga a los agentes diplomáticos a abstenerse de intervenir en debates internos del país receptor. Por ello, solicitan formalmente que se represente al embajador la conveniencia de evitar pronunciamientos públicos sobre regulaciones aprobadas democráticamente por el Congreso.
LA PARADOJA POLÍTICA
La controversia adquiere mayor complejidad porque, pese a este reclamo institucional, la visita de Brandon Judd al Congreso está confirmada para este miércoles. El embajador sostendrá reuniones con los presidentes de ambas cámaras y con el grupo de amistad Chile–Estados Unidos, en el marco de la agenda regular de relaciones bilaterales.
Desde la propia Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Raúl Soto advirtió la contradicción que supone recibir oficialmente al representante estadounidense mientras se tramita un reclamo por su conducta. Para algunos parlamentarios, la situación refleja una tensión no resuelta entre la defensa de la soberanía política y la necesidad de mantener canales diplomáticos activos.
Así, el Congreso queda instalado en una escena incómoda: reprocha formalmente al embajador por una supuesta injerencia, pero a la vez abre sus puertas para recibirlo, en una señal que revela el delicado equilibrio entre principios institucionales y pragmatismo diplomático.
