El ingreso del proyecto del Ejecutivo para reformar el sistema de remuneraciones de los funcionarios del Congreso abrió un nuevo foco de tensión institucional en el Parlamento, con advertencias de movilización por parte de los trabajadores y críticas directas al Presidente Gabriel Boric.
La iniciativa busca modificar el acuerdo complementario que regula escalas de sueldos, beneficios y normas laborales del personal parlamentario, en el marco del debate público sobre los llamados “supersueldos” en el Congreso. La propuesta recoge una preocupación instalada previamente por el presidente del Senado, Manuel Ossandón, quien impulsó un proyecto propio que fue declarado inadmisible.
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Sin embargo, lejos de ordenar el debate, la presentación del proyecto profundizó el conflicto con las asociaciones de funcionarios. La presidenta de la Federación Funcionarios del Congreso (Fedecon), Elizabeth Cangas, acusó al Ejecutivo de actuar con “mala fe” y de instrumentalizar políticamente a los trabajadores en medio del cambio de ciclo político.
Según la dirigente, la iniciativa no enfrenta realmente los altos sueldos cuestionados públicamente y, por el contrario, amenaza la estabilidad de la carrera funcionaria dentro de uno de los poderes del Estado. «Esto daña profundamente la institucionalidad y genera un clima que puede derivar en una crisis”, advirtió, planteando incluso la posibilidad de un paro.
Desde el oficialismo parlamentario, en tanto, el senador Ossandón defendió el proyecto y destacó que la propuesta no implica rebajas salariales ni perjuicio para los actuales funcionarios, sino que apunta a ordenar el sistema hacia el futuro y avanzar en mayor sostenibilidad.
El cruce de acusaciones deja en evidencia un escenario complejo para el próximo periodo legislativo, marcado por desconfianzas internas y un debate que trasciende lo salarial para instalarse en el plano político e institucional.
