Más que un caso aislado de sobornos, la formalización del llamado Caso Vivanco expone, según el Ministerio Público, la existencia de una red de intermediarios que utilizó mecanismos financieros y cargos institucionales para dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito.
Durante la audiencia, el fiscal Marco Muñoz Becker centró su exposición en cómo operó esta estructura: no solo quién recibió los recursos, sino quiénes permitieron que el dinero circulara sin levantar sospechas, pese a tener deberes reforzados de probidad.
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UN ESQUEMA DISEÑADO PARA OCULTAR EL ORIGEN
La investigación se originó en el conflicto judicial entre Belaz Movitec y Codelco (2023-2024), donde, según una publicación de La Segunda, participaron los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Según el fiscal, el objetivo era pagar retribuciones indirectas a Vivanco mediante pagos canalizados a través de Migueles, evitando transferencias directas que pudieran ser rastreadas.
Para ello, el grupo habría recurrido a conservadores de bienes raíces y a un operador de casa de cambio, quienes facilitaron operaciones de conversión, fragmentación y transferencia de fondos.
EL CAMBISTA COMO ENGRANAJE FINANCIERO
En el caso de Harold Pizarro, dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Ltda., el Ministerio Público sostiene que actuó más allá de un simple intermediario comercial. De acuerdo con la imputación, aceptó fondos provenientes de un cheque emitido a nombre de su hijo, los transformó en dólares y entregó ese mismo día US$79 mil a los abogados involucrados.
Muñoz Becker afirmó que Pizarro conocía el origen ilícito del dinero y que colaboró deliberadamente en el “ensombrecimiento” de las operaciones. Parte de esos dólares habría llegado posteriormente a Gonzalo Migueles y se habrían utilizado para viajes y gastos personales junto a Vivanco.
El esquema se repitió en una segunda operación: nuevos pagos, transferencias fragmentadas, uso del hijo de Pizarro como parte de la cadena y registros contables que simulaban compraventa regular de divisas. Según la Fiscalía, estas maniobras permitieron pagar tarjetas de crédito y gastos cotidianos con recursos “contaminados”.
CONSERVADORES Y EL USO DEL CARGO PARA LEGITIMAR FONDOS
La imputación más delicada, a juicio del Ministerio Público, recae sobre los conservadores Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), por su calidad de auxiliares de la administración de justicia.
El fiscal relató que Yáber compró dólares a Gonzalo Migueles, los convirtió y luego transfirió el dinero, ya “blanqueado”, a Najle mediante depósitos fragmentados que sumaron $25 millones. Posteriormente, ese dinero regresó a Migueles con apariencia de legitimidad.
Además, ambos conservadores habrían firmado contratos por supuestas asesorías profesionales para justificar transferencias, entregando cobertura formal a recursos de origen ilícito.
“El método fue siempre el mismo: montos pequeños, fragmentados, múltiples transferencias y uso de terceros para borrar el rastro”, sostuvo el fiscal.
UNA CAUSA QUE APUNTA A ALGO MÁS AMPLIO
El énfasis de la Fiscalía no está solo en los montos ni en los nombres, sino en el patrón: utilización de figuras institucionales, operadores financieros y documentos formales para convertir dinero ilícito en recursos aparentemente legítimos.
Al cierre de la audiencia, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario parcial para Harold Pizarro y Yamil Najle, y arresto domiciliario total para Sergio Yáber, mientras continúa una formalización que podría seguir revelando nuevos detalles sobre cómo operó esta red.
