La Contraloría General de la República (CGR) objetó más de dos millones de pesos durante 2022. Ha entidad presentado un informe sobre sus auditorías de 2022 a la Cámara de Diputados. Este informe, que consta de 246 páginas, destaca los hallazgos más importantes de las auditorías realizadas durante el año pasado. El objetivo principal es informar sobre problemas que puedan afectar el uso eficiente de los fondos públicos.
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En resumen, se han identificado problemas relacionados con el manejo de más de dos millones de pesos en fondos públicos, informó el medio Biobio.
Contraloría objetó más de 2 billones de pesos
El informe se centra en observaciones tanto «altamente complejas» como «complejas» que abordan una variedad de áreas, como municipios, educación, infraestructura, salud, empresas, defensa, medio ambiente, interior, hacienda y justicia.
En cuanto a los municipios, se han realizado 258 auditorías e investigaciones, que revelaron incumplimientos en la gestión de fondos por un total de $106,741,653,845.
Además, se identificaron irregularidades contables que sumaron $64,821,210,952. También se observaron problemas en la rendición y acreditación de saldos de subvenciones educacionales por un total de $201,980,247,276, así como en el traspaso de servicios educativos municipales a los servicios locales de educación, donde se detectaron $84,760,747,758 en fondos objetados. Por último, se observaron irregularidades en compras públicas por un total de $1,232,241,294.
En el ámbito de la educación, se llevaron a cabo 32 auditorías que resultaron en 631 observaciones.
Estas observaciones incluyeron universidades, servicios locales de educación, centros de formación, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación Superior.
Se detectaron problemas, como saldos de dinero no acreditados y saldos no acreditados por subvenciones, que sumaron un total de $445,865,474,595. También se objetaron fondos en los servicios locales de educación por $17,892,658,590, en instituciones de educación superior por $4,836,332,766 y en la Agencia de Calidad de la Educación por $629,184,540.






