Si bien la actual ministra de la Mujer y la equidad de Género, Antonia Orellana, saludó y ofreció su cooperación para el traspaso a quién será su sucesora en el gobierno de José Antonio Kast, Judith Marín, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de esa repartición pública manifestó su preocupación ante el nombramiento.
A través de una declaración publica aseveró que esta llegará «con un currículum político que no es neutro», que «en 2025 planteó públicamente que el ministerio debía ‘evaluarse’ y no descartó su eliminación o fusión como parte de una disminución del gasto estatal».
«El problema no es su fe ni su identidad personal. El problema es qué entiende por ‘política para las mujeres’ alguien que, antes de asumir, puso en duda la existencia misma de la institucionalidad que ahora dirige», añadió.
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ABORTO
También recordó que «Marín se ha posicionado con claridad contra el aborto, y su entorno político-religioso ha hecho de ese tema un campo de movilización».
Cuestionó «¿qué pasa cuando la autoridad llamada a garantizar ‘equidad de género’ está políticamente alineada con restringir —o moralizar— decisiones que afectan de manera desproporcionada a mujeres pobres, rurales, adolescentes y sobrevivientes de violencia sexual? Pasa
lo de siempre: las que tienen recursos resuelven en silencio; las que no, pagan con salud, con riesgo, con clandestinidad o con maternidades forzadas.
Para la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, «no siempre se socava una institucionalidad mediante un recorte explícito. A veces es más simple y dañina: despriorizar, dilatar, reemplazar el enfoque de derechos por uno de ‘familia’ y ‘valores’, o transformar un ministerio en un aparato ornamental sin capacidad para impulsar la coordinación intersectorial (salud, justicia, educación, trabajo)».
«CRISIS MORAL»
Asimismo, recordó que «el discurso público de Marín ha estado marcado por referencias a una ‘crisis moral’ y por una fuerte impronta religiosa. Ese marco no es neutral. Históricamente, los enfoques moralizantes han reforzado estereotipos de género que ubican a las mujeres como responsables del cuidado, la familia y la cohesión social, incluso a costa de su propia seguridad y autonomía».
Esto, añadieron, termina por debilitar las estrategias de prevención de la violencia, relativiza la violencia psicológica y económica, y desplaza la responsabilidad del agresor y del Estado a la conducta individual de las mujeres.
La Asociación exigió a la ministra y al Ejecutivo «compromisos públicos, verificables y con plazos claros para fortalecer —y no debilitar— la red territorial y los equipos que sostienen la respuesta del Estado; asegurar continuidad presupuestaria y técnica de programas de prevención y atención; resguardar el enfoque de derechos, la autonomía de las mujeres y la coordinación intersectorial, y garantizar el cumplimiento íntegro de la legislación vigente y de los estándares de derechos humanos aplicables».
