El CDE demanda civilmente a Iván Poduje, arquitecto y futuro titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por incumplir requisitos legales en el MOP y para que restituya al Fisco los pagos percibidos mientras integró el Consejo de Concesiones.
El organismo sostiene que entre julio y octubre de 2020 Poduje no cumplía con el requisito de ser académico activo de una facultad de arquitectura, condición legal exigida para desempeñar ese cargo.
La demanda del CDE detalla que ese periodo, en el cual se celebraron al menos tres sesiones del consejo en las que participó, quedó fuera del marco normativo que establece la ley. Por ello, el organismo estatal busca la devolución de más de $12 millones que se habrían pagado en ese lapso.
Respuesta del aludido y argumentos jurídicos
Poduje ha rechazado las acusaciones y argumenta que el requisito en cuestión se aplicaba únicamente a la condición de ingreso al cargo, no a la permanencia.
Según sus descargos, el retraso en la vigencia de un nuevo contrato académico con otra universidad habría generado una brecha de formalización, pero no afectó la legitimidad de su participación en el consejo.
Además, la defensa ha presentado argumentos jurídicos que apuntan a que, durante todo el periodo en cuestión, el consejo no lo removió del cargo ni manifestó objeciones formales de cumplimiento, lo cual, según sus defensores, respalda la validez de los pagos recibidos.
Un caso que pone el foco en la probidad y reglas claras
Más allá de las posturas jurídicas de las partes, el caso pone en evidencia la importancia del cumplimiento estricto de normas de nombramientos y requisitos formales para quienes asumen funciones públicas.
La demanda del CDE apunta a que una autoridad designada debe reunir todas las condiciones legales durante todo el ejercicio del cargo, no solo al momento de su ingreso.
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Especialistas en derecho administrativo señalan que este tipo de reclamos buscan resguardar el principio de probidad pública, que exige no solo actuar conforme a la ley, sino dar certeza de que se cumplen todos los requisitos formales en todo momento.
Este principio es fundamental para mantener la confianza ciudadana en la gestión y el uso de recursos públicos.
El debate sobre transparencia y confianza institucional
El hecho de que una persona que está próxima a asumir un cargo ministerial enfrente este tipo de reclamación judicial abre un debate más amplio sobre transparencia, responsabilidad y escrutinio público, independientemente de la orientación política.
Sectores afirman que la política pública y las designaciones de alto nivel deben someterse a estándares de probidad que eviten dudas sobre la legitimidad de las funciones ejercidas y de los pagos asociados.
Asimismo, se destaca que el caso —más allá de su resolución final en tribunales— refleja la necesidad de contar con mecanismos institucionales robustos que verifiquen, de manera continua, el cumplimiento de requisitos legales en los cargos públicos, desde la contratación hasta la ejecución de funciones.
