Qué es el ICE: ese poder sin límites que creó una crisis civilizatoria desde la impunidad.
La agencia federal estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha vuelto a encender alarmas globales este año. Lo que oficialmente es una fuerza para hacer cumplir las leyes migratorias, hoy opera con un nivel de autonomía e impacto social que muchos consideran incompatible con estándares de derechos humanos, legalidad y justicia ética.
Durante 2026, las acciones de ICE —bajo el respaldo de la presidencia de Donald Trump— han resultado en detenciones masivas, incluidos menores de edad, y enfrentamientos que han terminado con muertes de civiles, incluso ciudadanos estadounidenses, lo que ha desatado protestas en todo el país y tensiones entre gobiernos estatales y la administración federal.
DE AGENCIA MIGRATORIA A PODERES OMNÍMODOS
ICE se creó en 2003, en la reorganización del aparato de seguridad tras los atentados de 2001. Su mandato original incluía investigar delitos de inmigración y desmantelar redes de tráfico humano o de bienes ilícitos relacionadas con fronteras. Sin embargo, su papel ha cambiado radicalmente en los últimos años, y sobre todo en 2025-2026.
Hoy la agencia no solo detiene a personas sin estatus legal: opera en comunidades enteras, lejos de la frontera, en ciudades como Minneapolis o Nueva York, con miles de agentes desplegados como parte de la llamada Operation Metro Surge. Las redadas masivas ya no son casos aislados sino política de Estado.
Críticos señalan que esto ha convertido a ICE en una fuerza con facultades tan amplias que, en la práctica, parecen omnímodas, capaces de detener, arrestar y aplicar fuerza letal con muy poca supervisión judicial real, lo que colisiona con derechos constitucionales que tienen incluso los no ciudadanos.
LA MOVILIZACIÓN CIVIL
Las protestas contra ICE y el gobierno de Trump no se limitan a grupos de inmigrantes o defensores de sus derechos. Tras el reciente asesinato de un ciudadano estadounidense de 37 años, el enfermero Alex Pretti, por agentes federales en Minneapolis, miles salieron a protestar en distintas ciudades de Estados Unidos en rechazo a lo que muchos llaman un uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.
Los hechos de Minneapolis reavivaron la indignación por la muerte de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años también abatida por un agente de ICE en enero, en circunstancias que aún generan dudas y contradicciones entre las versiones oficiales y los videos de testigos.
Las protestas han ido más allá de reclamos migratorios, con marchas masivas y llamados a retirar a los agentes federales del estado, incluso la realización de una huelga general en Minnesota, algo inusual en el país.
EL IMPACTO HUMANO
Los casos que han llegado a los medios recuerdan que ICE si discrimina por edad y situación familiar. En una de las escenas que más ha causado conmoción, un niño de 5 años fue detenido junto a su padre frente a su casa, simplemente mientras regresaban de la guardería.
Ese tipo de detenciones provocan fracturas familiares profundas. La separación forzada, la incertidumbre de padres y madres, y las historias de miedo son ahora parte de un patrón que organizaciones de derechos humanos denuncian como violatorio de normas de protección internacional, que priorizan el interés superior del menor y el respeto a la unidad familiar.
EL DERECHO INTERNACIONAL VULNERADO
Incluso en los casos en que un extranjero comete un delito, el derecho internacional y las leyes de Estados Unidos establecen procedimientos claros: juicio justo, acceso a defensa legal, apelaciones y supervisión judicial real. La deportación no es un acto arbitrario, y mucho menos un permiso para usar fuerza letal sin transparencia ni rendición de cuentas.
Lo que hoy ocurre en Minneapolis y otras ciudades pone en tela de juicio ese marco. Las autoridades federales han defendido sus acciones como necesarias para aplicar la ley, pero a menudo lo hacen con retórica que desacredita a las víctimas o justifica muertes como “defensivas” a pesar de pruebas y testimonios que sugieren lo contrario.
EL NACIONALISMO EXACERBADO
La política migratoria impulsada por Trump ha trasladado el debate hacia un terreno donde la seguridad nacional se convierte en justificativo para ampliar poderes, sin matices ni controles efectivos. Esto tiene consecuencias reales: vidas humanas, fractura de familias, miedo y una ciudadanía postrada ante una fuerza que opera con poco escrutinio público.
Cuando una agencia tiene la capacidad de detener, acusar y matar sin transparencia, sin mecanismos públicos de responsabilidad y sin límites claros supervisados por tribunales, el Estado de derecho se debilita.
La crítica no es solo política: es ética y legal. Los estándares internacionales de derechos humanos existen precisamente para evitar que una democracia se convierta en un régimen donde el poder no tiene contrapesos. Y hoy, la crisis en torno a ICE es un recordatorio doloroso de que cuando se pierde de vista la dignidad humana, el Estado deja de proteger y empieza a coartar libertades fundamentales.
ES MÁS CERCA DE LO QUE SE CREE
Hay imágenes que, de tanto mirarlas, se vuelven paisaje. Pero cuando ese cuadro muestra padres que no vuelven, hijos separados y familias rotas por decisión del Estado, deja de ser paisaje. Se vuelve personal.
Durante la reciente campaña política en Chile, algunos candidatos prometieron “mano dura” contra la migración. Hablaron de subir a cientos de miles de personas a aviones. Dijeron que la separación familiar era parte del proceso. Incluso culparon a los propios migrantes por ese daño.
Ese es el cuadro que se empieza a normalizar. No uno de cifras, sino uno de niños sin padres y adultos tratados como carga prescindible. No ocurre en abstracto. Ocurre cuando el populismo convierte el sufrimiento en herramienta electoral.
LA DELGADA LÍNEA ROJA
Chile ya conoce ese razonamiento. También tuvo organismos con poderes excepcionales que prometieron orden y terminaron destruyendo vidas. La DINA y la CNI no nacieron diciendo que harían daño. Nacieron diciendo que era necesario.
El ICE no es la DINA ni la CNI. Pero la lógica que justifica el abuso empieza igual. Y cuando el Estado decide que separar familias es aceptable, la pregunta no es si eso puede pasar aquí. La pregunta es cuándo dejamos de reconocerlo como una línea que jamás debió cruzarse.
Normalizar el abuso siempre empieza lejos, pero termina ocurriendo justo donde alguien decidió mirar hacia otro lado.
