En forma unánime, el Senado despachó la denominada Ley de Incendios, que regula la prevención de siniestros forestales y rurales. Como esto solo le resta el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los votos a favor fueron 34, ninguno en contra, ninguna abstención.
El proyecto data de octubre de 2023.
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Su aprobación en el senado se produjo tras un tenso cruce entre la ministra vocera, Camila Vallejo, que recriminó a la senadora de Demócratas Ximena Rincón que no lo pusiera en tabla para su discusión en la Comisión de Hacienda, a pesar de que el Gobierno le había puesto urgencia desde hace meses.
Todo esto, en medio de la emergencia de las regiones de Ñuble y Biobío.
«Tenemos una Ley de Incendios que está con urgencia hace meses, llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado. Habría que preguntarle a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón, la razón de por qué no avanza el proyecto», cuestionó la titular de la Segegob en Turno.
La parlamentaria respondió que «lo hemos visto en la comisión en cada espacio que hemos tenido y no se ha votado en la Comisión de Hacienda porque hay otros proyectos con urgencias fijadas por el Ejecutivo».
EL PROYECTO
El proyecto ingresado por el Ejecutivo busca fortalecer la anticipación y gestión del riesgo en todo el país, mediante normas de planificación y obligaciones concretas para disminuir la propagación del fuego.
Entre sus ejes centrales está el reconocimiento de la interfaz urbano-rural como zona de alto peligro, incorporando criterios preventivos en los instrumentos de ordenamiento territorial y regulando la autorización de nuevos proyectos en esos sectores.
Además, fija deberes específicos para los propietarios, como la construcción de cortafuegos, el manejo de la vegetación y la adopción de medidas de protección en áreas colindantes a zonas habitadas.
Junto con ello, refuerza el rol del Estado en prevención, coordinación y fiscalización, consagrando este enfoque como principio rector y supeditando nuevas actividades en zonas de riesgo al cumplimiento de estándares mínimos.
