Caso Factop: la dura acusación fiscal contra Luis Hermosilla, Jalaff, los hermanos Souer, Villalobos y otros implicados en 1743 fojas. Las defensas de los principales acusados pidieron reabrir la investigación. Si eso no ocurre el 3 de marzo comenzarán las audiencias de preparación del juicio oral que zanjará el destino del polémico “audio” de 2023
EL FOCO EN LUIS HERMOSILLA
La Fiscalía imputa a Luis Edgardo Hermosilla Osorio los delitos de soborno y delitos tributarios. Sostiene que participó activamente en maniobras destinadas a obtener información reservada. Esa información habría buscado anticipar fiscalizaciones y reducir riesgos penales y tributarios.
Según la acusación, Hermosilla actuó como intermediario entre imputados del caso Factop y un funcionario público. La Fiscalía afirma que coordinó pagos indebidos a cambio de antecedentes internos del Servicio de Impuestos Internos. Ese rol lo sitúa fuera de una asesoría jurídica convencional.
El Ministerio Público describe un modo de operar basado en contactos, gestiones directas y pagos encubiertos. Hermosilla habría utilizado su posición profesional para facilitar accesos indebidos. La acusación sostiene que esas acciones buscaban asegurar impunidad.
QUÉ PENA ARRIESGA HERMOSILLA
La Fiscalía solicita para Hermosilla penas de presidio efectivo (14 años), además de multas y sanciones accesorias. El monto y duración de la pena dependen del concurso de delitos acreditados en juicio. La acusación descarta atenuantes relevantes en su favor. También la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, por la prognosis de la pena y por su nula cooperación, señalan desde fiscalía
El soborno figura como uno de los cargos centrales. La Fiscalía considera que ese delito afecta directamente la fe pública y el funcionamiento del Estado. Por esa razón, pide una sanción privativa de libertad.
Los delitos tributarios imputados se relacionan con operaciones destinadas a ocultar flujos de dinero. La Fiscalía sostiene que esas maniobras complementaron el esquema general. El juicio determinará su responsabilidad penal.
LOS DEMÁS ACUSADOS DEL CASO
La acusación también apunta a Daniel y Ariel Sauer, considerados líderes del esquema financiero. La Fiscalía les imputa invasión al giro bancario, estafa reiterada, lavado de activos y delitos tributarios. Para ellos solicita penas que superan los 20 años de cárcel.
Rodrigo Topelberg enfrenta cargos por invasión al giro bancario y estafa reiterada. Otros acusados, como Álvaro y Antonio Jalaff y Cristian Menichetti, enfrentan imputaciones tributarias. La Fiscalía distingue responsabilidades según el rol de cada uno.
En total, el Ministerio Público acusa a diez personas. Todas deberán enfrentar juicio oral. Las penas solicitadas varían según la participación acreditada.
CÓMO OPERABA EL ESQUEMA FACTOP
Según la Fiscalía, el esquema funcionó a través del holding Sum Capital, cuyo eje fue Factop SpA. La empresa captó dinero del público sin autorización legal. Simuló operaciones de factoring para atraer inversionistas.
Los imputados ofrecían rentabilidades fijas mensuales. Para respaldarlas, entregaban contratos, cheques y documentos mercantiles. La Fiscalía sostiene que muchas operaciones carecían de respaldo real.
El dinero captado se habría usado para fines distintos a los informados. Parte se destinó a cubrir pagos anteriores y gastos personales. El sistema operó mediante flujo circular de fondos.
ETAPA PROCESAL ACTUAL
La acusación ya fue presentada ante el tribunal. El caso avanza hacia la preparación del juicio oral. En esa etapa se discutirán pruebas y exclusiones. Como se ha señalado, esa audiencia está decretada para el próximo 3 de marzo. Sin embargo, antes deberá discutirse la solicitud de varias incumbentes, incluidos el Ministerio Público y el propio Hermosilla, de reabrir la investigación.
La Fiscalía sostiene que cuenta con antecedentes suficientes. Las defensas podrán controvertir la acusación en juicio. El proceso definirá responsabilidades penales.
QUÉ LE IMPUTAN EN CONCRETO A HERMOSILLA
La Fiscalía imputa a Luis Edgardo Hermosilla Osorio un rol activo dentro del entramado del caso Factop–Sum Capital. Le atribuye delitos de soborno y delitos tributarios. Sostiene que actuó más allá de una asesoría jurídica convencional.
Según la acusación, Hermosilla operó como intermediario entre imputados del caso y un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Coordinó pagos indebidos a cambio de información reservada. Esa información habría permitido anticipar fiscalizaciones y reducir riesgos penales.
El Ministerio Público describe un modo de operar basado en contactos directos y gestiones personales. Hermosilla habría utilizado su posición profesional para facilitar accesos indebidos. La Fiscalía lo ubica en la fase de ocultamiento del esquema.
QUÉ SE LE IMPUTA MÁS ALLÁ DEL DELITO
La acusación no se limita al tipo penal específico. La Fiscalía sostiene que Hermosilla cumplió un rol funcional dentro del esquema general. Actuó como facilitador de información estratégica.
Según la acusación que Está Pasando ha tenido a la vista, sus gestiones buscaban proteger a los principales imputados. La Fiscalía afirma que esas acciones apuntaban a asegurar impunidad. Ese rol explica la gravedad de las penas solicitadas.
El Ministerio Público descarta que se trate de actuaciones aisladas. Describe un patrón de conducta reiterado. Esa conducta será evaluada en juicio.
QUÉ PENA ARRIESGA
La Fiscalía solicita para Hermosilla penas de presidio efectivo. La fiscal Lorena Parra ha dicho reiteradamente que estima en 14 años la pena a su respecto. También pide multas y sanciones accesorias. Sin embargo, la duración dependerá del concurso de delitos acreditados.
El soborno constituye uno de los cargos centrales. La Fiscalía sostiene que afecta directamente la fe pública. Por ello, solicita una pena privativa de libertad.
Los delitos tributarios se vinculan al ocultamiento de flujos financieros. La acusación sostiene que complementaron el esquema. El tribunal deberá resolver su responsabilidad penal.
UNA MADEJA QUE ABRIÓ OTRAS CAUSAS
La Fiscalía considera que el caso Factop representa solo una arista de un entramado mayor. La investigación permitió detectar vínculos entre actores privados y distintas instituciones del Estado. Ese hallazgo abrió nuevas líneas investigativas.
Según el Ministerio Público, las diligencias revelaron intentos de influir en organismos clave. Entre ellos figuran tribunales superiores, el Ministerio Público y organismos fiscalizadores. Cada una de estas áreas dio origen a causas separadas.
En ese contexto, la actuación atribuida a Hermosilla adquirió especial relevancia. La Fiscalía sostiene que operó en distintos espacios institucionales. Su rol aparece descrito en más de una investigación penal.
VÍNCULOS CON TRIBUNALES Y FISCALÍA
La Fiscalía investiga gestiones atribuidas a Hermosilla ante ministros de tribunales superiores. En esas causas, se analizan eventuales intercambios de favores y coordinaciones indebidas. Los nombres involucrados forman parte de investigaciones en curso.
Entre ellos, Ángela Vivanco, quien fue removida por el pleno del máximo tribunal tras revelarse chats con Hermosilla que sugerían intervención en nombramientos de jueces y en la redacción de fallos (como en el caso Cascadas). Hoy ha sido formalizada por diversos delitos y se encuentra en prisión preventiva.
Por su parte, el también ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus, admitió haber tenido contacto con Hermosilla antes de su nombramiento. Aunque enfrentó una acusación constitucional, esta fue rechazada por el Congreso, manteniéndose en su cargo.
Otros nombres que se han asociado son los de los magistrados Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama. Sus nombres aparecieron en el listado de 28 personas entregado por la defensa de Hermosilla (su hermano Juan Pablo) como contactos con los que el abogado mantuvo conversaciones, aunque sin imputación de delitos específicos inicialmente.
CORTES DE APELACIONES
El exmagistrado Antonio Ulloa (Santiago) fue suspendido de sus funciones mientras se investigaban chats sobre nombramientos judiciales. Recientemente, la Corte Suprema rechazó su remoción definitiva, aunque se mantuvieron sanciones disciplinarias.
La ahora exministra Verónica Sabaj, ha sido también vinculada por conversaciones detectadas con el abogado, enfrentando sumarios administrativos, suspensión y aprobación de querella de capítulos en su contra en la Corte de Apelaciones de Santiago.
FISCALÍA NO ESCAPÓ A LA RED
Los ministros Tomás Gray y José Pablo Rodríguez (Santiago), de la Séptima Sala, admitieron haber pedido favores al exfiscal Manuel Guerra, quien a su vez está bajo investigación por filtrar información reservada a Hermosilla.
Esa relación dio origen a una causa penal independiente. En el caso de Guerra, se acogió por la Corte de Apelaciones de Santiago la querella de capítulos en su contra y, actualmente está en la Corte Suprema su apelación.
Estas investigaciones se tramitan de forma separada. Cada una cuenta con hechos, imputaciones y responsables específicos. El avance judicial definirá responsabilidades.
DERIVADAS POLÍTICAS DEL CASO
La investigación también alcanzó al ámbito político. El exministro Andrés Chadwick figura imputado en una de las causas relacionadas. Su situación judicial se analiza en un proceso distinto, según la fiscal Parra, que no quiso ahondar en detalles, por el debido secreto de diligencias pendientes.
Además, la Fiscalía incorporó antecedentes sobre contactos con el expresidente Sebastián Piñera. Según los registros, Hermosilla le habría advertido y prestado apoyo en determinados contextos. Su vínculo con el exfiscal Guerra habrían sido determinantes para no afectar al exmandatario ya fallecido. Estos hechos forman parte de líneas investigativas aún abiertas.
El Ministerio Público ha reiterado que cada causa se analiza de manera autónoma. No obstante, los antecedentes comparten un origen común. Ese origen se remonta a la grabación inicial del caso Factop.
EL ORIGEN: UNA GRABACIÓN
El punto de partida fue la filtración de una grabación subrepticia. En el audio se escuchan conversaciones sobre pagos y gestiones indebidas. Ese registro reactivó la investigación penal que, sin esos vitales antecedentes, había comenzado un tiempo antes.
La Fiscalía utilizó ese antecedente para iniciar diligencias. Luego incorporó peritajes financieros y tributarios. El caso creció en alcance y complejidad.
Hoy, varias causas derivadas siguen en investigación. El juicio del caso Factop permitirá fijar responsabilidades. También marcará el alcance institucional de los hechos.
