Caso Cajas de Alimentos, las fechas que complican a Trinidad Steinert y que aún no son aclaradas.
El 31 de diciembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Iquique dictó una resolución definitiva en el llamado “Caso Cajas de Alimentos” (Rol 590-2022). El fallo ratificó la absolución del exintendente Miguel Ángel Quezada (UDI) y de la exjefa de planificación Daniela Solari Vega. Ambos estaban imputados por un presunto fraude al fisco de $500 millones durante la pandemia.
Solari es nada menos que la esposa del diputado electo de derecha y cercano a Kast, Álvaro Jofré (Nacional Libertario).
Frente a la decisión de la C. de Apelaciones, la Fiscalía de Tarapacá, encabezada entonces por Trinidad Steinert, no recurrió de queja. Enfrentaba el plazo legal para interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema, la última vía disciplinaria para revertir la sentencia.
Ese recurso nunca se presentó. menos de 14 días después de vencer el plazo, el 20 de enero de 2026, Steinert presentó su renuncia voluntaria ante el Fiscal Nacional para asumir como ministra de Seguridad del presidente electo José Antonio Kast.
El factor del contacto previo: ¿ser o parecer?
En la administración pública, la probidad exige que la autoridad no solo sea independiente, sino que también lo parezca. El conflicto surge ante las contradicciones del propio equipo de Kast.
Mientras la futura vocera, Mara Sedini, admitió contactos con la fiscal por “un largo tiempo” —rectificado luego a un vago “un poco antes”—, el futuro jefe de gabinete aseguró que el acercamiento se produjo solo 24 horas antes de la renuncia.
Si la versión de la vocera es correcta, la negociación política se habría desarrollado mientras los plazos judiciales aún estaban vigentes. Esto situaría a Steinert adoptando una decisión clave en una causa que afectaba al entorno de su futuro sector político. Específicamente a Daniela Solari, esposa del diputado y aliado estratégico de Kast, Álvaro Jofré.
La omisión de inhabilitación
A diferencia de otros organismos querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado, cuya inacción puede responder a criterios técnicos colegiados, la Fiscalía Regional concentra su toma de decisiones en una autoridad unipersonal.
Pese a que el cierre de la causa beneficiaba directamente al entorno familiar de quienes posteriormente la incorporaron al gabinete, y en medio de versiones contradictorias sobre el inicio de los contactos políticos, Steinert no solicitó inhabilitarse ni delegó la decisión en un subrogante, manteniendo el control del proceso hasta su término.
El marco normativo: deber de abstención y transparencia
La actuación de la entonces fiscal regional debe analizarse a la luz de las normas internas del Ministerio Público. El artículo 55 de su Ley Orgánica establece como causal de inhabilitación la existencia de “interés”, incluso indirecto, en el resultado de una causa.
Desde el punto de vista técnico, la negociación de un cargo de confianza con un sector político vinculado al entorno de los imputados, mientras la causa aún estaba abierta, configura un escenario que puede ser interpretado como un interés relevante.
A ello se suman los instructivos de probidad del propio Ministerio Público, que prohíben expresamente conductas que comprometan la apariencia de imparcialidad. La omisión de inhabilitación, aun sin mediar dolo, constituye una infracción disciplinaria susceptible de sanción administrativa, incluso después del cese en el cargo.
Finalmente, los protocolos internos establecen que, ante ofertas o contactos políticos, el fiscal regional debe informar al Fiscal Nacional para que este evalúe la necesidad de apartarlo de causas sensibles. De no haberse realizado esa comunicación, se configuraría una falta al deber de transparencia y obediencia institucional.
Un cierre con perjuicio fiscal
La inacción de la Fiscalía no solo selló la inocencia judicial de los imputados, sino que dejó firme la condena en costas por $64 millones contra los querellantes.
De este modo, el proceso terminó con los acusados no solo absueltos del fraude de las cajas de alimentos, sino con derecho a ser resarcidos económicamente, justo antes de que la fiscal del caso pasara a integrar el futuro Ejecutivo.
Sin una aclaración terminante sobre el “día uno” de las conversaciones políticas, la gestión de Steinert concluye bajo una sombra de duda sistémica: si el abandono de la vía judicial fue una decisión estrictamente jurídica o el primer gesto de una futura ministra hacia su nuevo círculo de poder.
Nota del autor: Al cierre de esta edición, se intentó tomar contacto con la exfiscal regional o su entorno para precisar las fechas del primer contacto entre Kast o su equipo y Steinert, y las razones de la no inhabilitación de esta, sin obtener respuesta hasta el momento.
