El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, atribuyó a problemas técnicos y de coordinación territorial el retraso en la instalación de viviendas de emergencia en las zonas afectadas por el megaincendio en el sur del país, asegurando que el principal obstáculo no es solo la fabricación de las casas, sino la falta de condiciones concretas para montarlas con rapidez en sectores urbanos.
Tras reunirse con autoridades en la comuna de Penco, Elizalde salió a explicar el “cuello de botella” que reconoció previamente el Presidente Gabriel Boric respecto a la respuesta habitacional en la Región del Biobío, subrayando que, aunque el proceso avanza más rápido que tras la catástrofe de 2023, la magnitud del desastre impone un desafío mayor: más de 4 mil hogares afectados y un volumen significativo de viviendas por instalar.
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TERRENO URBANO Y FALTA DE INFORMACIÓN FRENAN EL DESPLIEGUE
El secretario de Estado sostuvo que en zonas rurales el despliegue ha sido más expedito debido a la disponibilidad de terrenos amplios, lo que permite instalar soluciones transitorias con menos trabas. Sin embargo, advirtió que en áreas urbanas el procedimiento se vuelve mucho más complejo, ya que requiere información detallada sobre cada punto de emplazamiento y la verificación de condiciones mínimas para garantizar seguridad.
En esa línea, enfatizó que la coordinación con los municipios resulta determinante, ya que las administraciones locales deben entregar antecedentes específicos sobre los terrenos y las familias beneficiadas.
Elizalde enumeró tres factores que explican la demora: la información que deben proporcionar los municipios, el proceso de fabricación de las viviendas y, especialmente, la imposibilidad técnica de instalar estructuras en terrenos dañados que no cumplen requisitos básicos.
BONOS DE APOYO Y AMPLIACIÓN DE PROVEEDORES COMO RESPUESTA
Como ejemplo, indicó que no se puede montar una vivienda de emergencia en laderas de cerros inestables ni en sitios donde antes existían edificios de departamentos, debido a la falta de espacio y condiciones estructurales.
Ante esos casos, el Gobierno decidió extender apoyos económicos y entregó el bono de acogida, cercano a los 400 mil pesos por grupo familiar, junto con el bono de recuperación, de aproximadamente 1,5 millones, el cual afirmó haber pagado casi en su totalidad.
Finalmente, el ministro confirmó que Senapred está ampliando el número de proveedores de viviendas de emergencia para acelerar el proceso y adelantó que, si bien se mencionó como referencia el 21 de julio, el Ejecutivo espera tener desplegada la habitabilidad transitoria mucho antes de esa fecha.
Estuvimos en la Región del Biobío, acompañando a las familias afectadas por los incendios y constatando en terreno la entrega de las Ayudas Tempranas 🇨🇱.
✅ Supervisamos la entrega de viviendas de emergencias familias damnificadas en el sector Lo Tato. pic.twitter.com/MqpQ4rOU9m
— Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) February 5, 2026
