Cambio fundamental en la normativa laboral chilena se avecina con la implementación de la jornada de 42 horas semanales a partir del 26 de abril de 2026, un avance dentro de la reforma conocida como Ley de 40 horas, que fue aprobada por el Congreso el 11 de abril de 2023 y que reduce gradualmente la jornada laboral desde las tradicionales 45 horas hacia un máximo de 40 horas en el año 2028.
La medida busca un equilibrio mayor entre la vida personal y laboral de los trabajadores, aunque también ha generado debates entre distintos sectores productivos y gremios que anticipan impactos significativos en la operación diaria de empresas y pequeños emprendimientos.
Esta próxima etapa representa un nuevo hito en la reforma, y tanto empleadores como trabajadores han comenzado a ajustar sus estrategias para adaptarse a los cambios que entrarán en vigor en menos de tres meses.
Sectores resisten la rebaja
Sectores empresariales como la Multigremial de Emprendedores han manifestado inquietudes sobre la reducción de dos horas de jornada en un tramo, advirtiendo que ello podría representar tensiones en la capacidad operativa y en la generación de empleo, especialmente en micro y pequeñas empresas que emplean a una gran parte de la fuerza laboral del país.
Según su presidente, Juan Pablo Swett, la disminución repentina de la jornada laboral podría traducirse en dificultades para mantener la continuidad de turnos, mayores costos laborales y un desafío para la productividad si no se acompaña de mejoras significativas en adaptación tecnológica o en la organización interna.
También desde gremios como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se han expresado preocupaciones sobre los costos adicionales que implicará adaptar las operaciones a un límite semanal menor.
Qué implica la reducción a 42 horas laborales
La jornada laboral actual en Chile se sitúa en 44 horas semanales tras la primera etapa de la Ley de 40 horas, y con la reducción que se concretará en abril próximo, se avanzará hacia un máximo de 42 horas por semana para los trabajadores regidos por el Código del Trabajo.
Este cambio forma parte de una progresión planificada que finalizará con el establecimiento de un tope de 40 horas en abril de 2028, con el objetivo de otorgar más tiempo libre sin afectar los salarios de los empleados, ya que la normativa prohíbe reducciones en las remuneraciones derivadas de esta disminución de jornada.
La nueva etapa obliga a las empresas a reorganizar sus horarios y sistemas de trabajo para cumplir con el nuevo techo, lo que en ocasiones implicará ajustes en turnos, mayor eficiencia en la planificación y posible necesidad de contratación adicional en sectores que requieren cobertura continua.
Bajan las horas no los sueldos
Para trabajadores y empleadores, es clave comprender que la reducción no significa un recorte en los ingresos, pues la ley establece que no se puede disminuir el salario por el solo hecho de rebajar la jornada. Este principio se mantiene vigente a medida que se implementa la nueva etapa de 42 horas, garantizando que la disminución del tiempo de trabajo se realice sin penalizar el poder adquisitivo de los empleados.
En términos prácticos, las jornadas semanales no podrán superar las 42 horas, y los contratos que contravengan este límite después de la fecha estipulada podrían considerarse nulos.
Además, la Dirección del Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento de la normativa y habrá mecanismos de revisión para asegurar que los derechos laborales se respeten durante la transición.
Desafíos, debates y perspectivas de las 42 horas
Representantes del sector productivo han señalado que este cambio llega en un contexto donde pequeñas empresas y sectores como transporte, comercio y servicios enfrentan presiones ya existentes en costos operativos, lo que hace que la adaptación a las 42 horas requiera estrategias claras de productividad y uso eficiente del tiempo de trabajo.
A su vez, algunos especialistas ven la implementación gradual de esta reforma como una oportunidad para reorganizar la estructura laboral y fomentar la innovación en procesos internos que permitan mantener niveles competitivos sin aumentar cargas de trabajo.
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Más allá de las advertencias, también se observa una discusión abierta sobre cómo conciliar la protección de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas, haciendo de esta reducción de jornada un punto de análisis continuo entre gremios, expertos y autoridades laborales.
En resumen, la entrada en vigencia de las 42 horas semanales en abril de 2026 representa una etapa clave de la Ley de 40 horas que pretende mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores, mientras impulsa un necesario debate sobre productividad, costos y adaptaciones en la fuerza laboral chilena.
