El progresismo, pese a sus distintas miradas internas, ordena sus filas ante eventuales retrocesos sociales bajo la futura administración de José Antonio Kast. El sector busca coordinar una respuesta política frente a posibles cambios en derechos adquiridos. La estrategia apunta a consolidar una postura común antes del inicio del nuevo gobierno.
El llamado a la acción surge tras el triunfo de Kast en las elecciones de 2025 y el aumento de las inquietudes sobre su agenda programática. Dirigentes y organizaciones advierten riesgos en la continuidad de políticas impulsadas durante la última década. Esa preocupación atraviesa tanto al oficialismo saliente como a la Democracia Cristiana y a movimientos sociales.
Diversos líderes de centroizquierda y representantes de la sociedad civil coinciden en que solo una respuesta coordinada puede frenar retrocesos. Consideran que la fragmentación debilita la capacidad de incidencia. Por ello, buscan construir un bloque político más cohesionado.
Temores frente a posibles retrocesos
El debate se intensificó desde la segunda vuelta presidencial y se instaló con fuerza en la agenda pública. Organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron sobre eventuales cambios normativos. En ese contexto, el aborto en tres causales aparece como uno de los principales focos de tensión.
Durante la campaña, Kast expresó posturas conservadoras en materia reproductiva. Analistas interpretaron esas definiciones como señales de posibles modificaciones legales. Ese antecedente explica parte del temor actual.
No solo Kast, también la recientemente designada ministra de la Mujer, Judith Marín, ha señalado en declaraciones previas a su nombramiento su oposición al aborto, incluso en sus 3 causales. ¡Vuélvanse al señor! fue su grito de guerra cuando se aprobó el aborto acotado, siendo desalojada desde las tribunas del la Cámara junto a su movimiento Águilas de Jesús en 2017.
Además del aborto, otros derechos sociales concentran atención. La jornada laboral de 40 horas, beneficios sociales y programas culturales forman parte del debate. Sectores progresistas temen que esas políticas pierdan prioridad o sean eliminadas.
Organizaciones sociales defienden estos avances como pilares de cohesión e inclusión. Sostienen que su debilitamiento afectaría especialmente a grupos vulnerables. Por ello, insisten en mantenerlos como parte central de la agenda pública.
Las dos oposiciones
Un «Informe al X Pleno del Comité Central» del Partido Comunista de Chile, evacuado el 20 de diciembre de 2025, trajo la división de la futura oposición.
La idea central que detonó la división, dice relación con la estrategia de «Calle» y Movilización. El documento es explícito en que la oposición no debe ser solo parlamentaria, sino social y activa:
«Se hace imperativo articular un pueblo movilizado que sea capaz de disputar el sentido de las transformaciones y enfrentar el intento de la ultraderecha por restaurar el modelo neoliberal en su versión más autoritaria».
«Debemos impulsar hitos de movilización amplia y unitaria… El movimiento social no puede entrar en un periodo de hibernación; por el contrario, debe ser el motor que impida la consolidación de un nuevo régimen de largo plazo».
La centroizquierda no dejó pasar esa postura y llamó a un cónclave del progresismo sin el PC y el FA que compartió posturas con los comunistas.
Tras ello, en las últimas semanas quedó de manifiesto la existencia expresa de dos oposiciones al futuro gobierno. Una, del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) y otra que represente a la centro izquierda, que abarca desde el Partido Socialista (PS) hasta la Democracia Cristiana (DC).
Desdramatizar la diversidad de oposiciones a Kast
Ello, tras la postura del PC y el FA en orden a priorizar la movilización en la calle más allá de la respuesta política. «Es normal cuando existen diferencias, como las que tenemos actualmente, con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, sobre todo en materias de seguridad. Pero lo que sí se requiere es poder estar articulados para poder enfrentar todos aquellos intentos de retrotraer los avances sociales que hemos construido durante tanto tiempo», señaló el diputado socialista Marcos Ilabaca.
En la misma línea, Jaime Araya (Ind-PPD) reforzó la idea de la unidad ante la diversidad, afirmando que «es importante desdramatizar que existan una, dos, tres oposiciones, incluso cuatro». Añadió en Cooperativa que «lo importante es que tengamos claridad en que debemos unirnos en la defensa de la protección social, en la defensa de la ampliación de los derechos sociales».
«Creo que es una agenda común del mundo progresista, del mundo de la centroizquierda y, a pesar de nuestras identidades distintas, de nuestras posiciones distintas, vamos a estar muy unidos para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast», remató Araya.
Llamado a la unidad progresista
Frente a este escenario, se morigeraron las posiciones, incluso el PC hizo autocrítica y le bajó el perfil a sus dichos. El presidente del PC matizó posteriormente la declaración en el tradicional «Caldillo de Congrio» del 1 de enero de 2026, afirmando que serán una «oposición constructiva» pero que las movilizaciones son «legítimas y necesarias».
A partir de ahí, el progresismo en un sentido más amplio activó instancias de coordinación política. Partidos, colectivos feministas y organizaciones sociales comenzaron a definir prioridades comunes. El objetivo es fortalecer la capacidad de presión institucional.
En esas conversaciones, los dirigentes coinciden en que una agenda compartida resulta clave. Buscan anticiparse a eventuales proyectos que afecten derechos vigentes. También pretenden enviar señales claras al Ejecutivo electo.
La estrategia incluye trabajo legislativo coordinado y presencia territorial. Parlamentarios y dirigentes sociales exploran mecanismos de articulación permanente. La intención es sostener una defensa activa de la agenda social.
Desafíos políticos
Este proceso se desarrolla en medio de una transición gubernamental aún en curso. La incertidumbre sobre las prioridades del nuevo Ejecutivo mantiene abierto el debate. El oficialismo saliente enfrenta el desafío de reordenarse sin perder influencia.
Uno de los riesgos es caer en una confrontación excesiva. Dirigentes advierten que la polarización podría debilitar sus posiciones. Por ello, buscan combinar firmeza con capacidad de diálogo.
Unidad en la defensa de derechos adquiridos
También, organismos independientes han pedido respetar los compromisos en derechos humanos, alertando sobre el impacto político de eventuales retrocesos. Anticipan que un debilitamiento de estas garantías podría generar rechazo transversal.
Ese malestar, señalan, no se limita a un sector ideológico. Abarca a amplios segmentos que valoran estos derechos como parte del desarrollo democrático. En ese contexto, la unidad progresista aparece como un factor clave.
Por ahora, el proceso de coordinación sigue en marcha. Su impacto dependerá de la capacidad real de articulación. En los próximos meses se pondrá a prueba su eficacia política.
