La Unión Europea (UE) dio un nuevo giro hacia el endurecimiento de su política migratoria tras aprobar este martes dos medidas que refuerzan los mecanismos para rechazar solicitudes de asilo y facilitar deportaciones, especialmente en casos donde los migrantes provengan de países considerados “seguros” o hayan pedido protección fuera del bloque.
Con el respaldo de eurodiputados de centroderecha y extrema derecha, el Parlamento Europeo abrió paso a un sistema que permitiría aplicar procedimientos acelerados para negar asilo y trasladar solicitantes a terceros países, incluso si no tienen vínculos con ellos. La votación incluyó 408 votos a favor y 184 en contra para la norma sobre “países de origen seguros”, y 396 votos a favor frente a 226 en contra para la de “terceros países seguros”.
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VÍA RÁPIDA PARA RECHAZAR SOLICITUDES Y DEPORTAR
El paquete legislativo, que aún requiere la aprobación final formal de los 27 gobiernos miembros, se enmarca en el Pacto de Migración aprobado en 2023 y que entraría plenamente en vigor desde junio, fecha en la que estas disposiciones comenzarían a aplicarse.
La nueva normativa autoriza a los Estados europeos a deportar a solicitantes de asilo a un país fuera de la UE, incluso si solo estuvieron allí de paso o no tienen ningún vínculo con ese territorio, siempre que exista un acuerdo firmado con el país receptor.
CENTROS EXTRATERRITORIALES Y ACUERDOS QUE GANAN TERRENO
La votación respalda en la práctica convenios como el acuerdo de Italia con Albania y el plan del Gobierno neerlandés para deportaciones hacia Uganda, iniciativas que han sido observadas como modelos por sectores que impulsan una estrategia migratoria más restrictiva.
En paralelo, el Parlamento aprobó avanzar hacia una lista común de “terceros países seguros”, lo que restringiría el acceso al asilo para ciudadanos de esos lugares. En esa nómina se consideran todas las naciones candidatas a ingresar a la UE, incluyendo Georgia y Turquía, además de países como Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez.
CRÍTICAS POR RIESGOS HUMANITARIOS Y DEBILITAMIENTO DEL ASILO
Sin embargo, la iniciativa ha provocado fuertes críticas desde organizaciones civiles y sectores progresistas, que advierten que la medida podría derivar en violaciones de derechos humanos y en una reducción efectiva del derecho al asilo.
Especial preocupación genera el caso de Túnez, señalado por denuncias de represión política, persecución a opositores y expulsiones forzadas de migrantes hacia zonas desérticas donde algunos han muerto.
Para la diputada verde francesa Mélissa Camara, los textos representan un paso más hacia la “deshumanización” de la política migratoria europea y un debilitamiento del sistema de protección internacional, en un contexto donde el discurso antiinmigración se ha intensificado desde la crisis migratoria de 2015 y se ha acelerado con el avance electoral de la extrema derecha en el continente.
