Evópoli decidió no asumir su posible desaparición como un trámite administrativo, sino como una batalla política y jurídica que busca instalar un precedente: que el Servel no puede “borrar” a un partido por una interpretación restrictiva de la ley.
Con esa lógica, la colectividad presidida por Juan Manuel Santa Cruz ya se prepara para impugnar su disolución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), y para ello fichó a un nombre de peso: el exministro Segpres Juan José Ossa, abogado con trayectoria en el mundo institucional y reconocido por su perfil técnico.
La ofensiva ocurre en momentos en que el Servicio Electoral comenzó esta semana el proceso de notificación a los partidos que no cumplieron los requisitos mínimos para subsistir tras la última elección parlamentaria. Según la normativa vigente, una colectividad debe alcanzar el 5% de los votos en diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas. Trece partidos quedaron bajo ese umbral, entre ellos Evópoli.
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Pero la directiva del partido sostiene que sí cumplen el requisito, si se considera a los senadores que siguen en ejercicio y fueron electos en el periodo anterior. Santa Cruz asegura que, sumando a los diputados Tomás Kast y Jorge Guzmán, junto a los senadores Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel, se alcanza el mínimo exigido por ley.
El problema es que esa tesis choca con una resolución interna del Servel que fija una interpretación distinta: solo deben contarse los parlamentarios electos en la última elección, sin incorporar a senadores de regiones que no se renovaron en ese ciclo.
Ahí se jugará el núcleo del conflicto: si el Tricel avala la lectura del Servel, Evópoli quedará fuera del mapa político formal; si en cambio acoge el argumento del partido, no solo se salvaría la colectividad, sino que se abriría una puerta para que otras fuerzas en riesgo sigan el mismo camino.
En paralelo, otros partidos también alistan estrategias. La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) anticipa que recurrirá al Tricel, mientras que el Partido Radical evalúa alternativas jurídicas y políticas, incluyendo una posible reinscripción o incluso una fusión, dependiendo de cómo evolucione el escenario.
En el fondo, lo que comenzó como una notificación administrativa podría transformarse en un nuevo frente de disputa sobre el sistema político chileno: quién tiene derecho a sobrevivir, bajo qué reglas, y hasta dónde llega el poder interpretativo del Servel frente a la última palabra del Tricel.
