Como “la punta del iceberg” definieron los afectados por el megaincendio en la región de Valparaíso las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la administración de los recursos destinados a enfrentar la emergencia ocurrida los días 2 y 3 de febrero de 2024. Además, advirtieron que las cifras podrían ser “escandalosamente superiores”.
Según lo informado por Radio Bío Bío y BioBioChile, el órgano contralor emitió cinco reportes de auditoría que involucran a la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura.
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Pero, ¿cuáles son las observaciones detectadas? En el caso de la DPR de Valparaíso, se identificaron pagos sin respaldo y fallas contractuales que superan los $586 millones en adquisiciones realizadas durante la emergencia.
DEFICIENCIAS
Pagos por más de $125.000.000 a la empresa Minera y Constructora Río Grande SpA por 49 turnos de camiones tolva que no se ejecutaron y cuya prestación no está acreditada.
Transferencias por más de $335.000.000 a la empresa San Nicolás SpA por 495 turnos de bateas, respaldadas únicamente con fotografías, lo que impide comprobar su efectiva instalación.
Asimismo, se detectaron sobreprecios en el arriendo de maquinaria pesada a San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA. Las diferencias alcanzan hasta un 220% y 378,22%, respectivamente, en comparación con servicios similares contratados por otro organismo público durante la misma emergencia. Estos eventuales sobrecostos superarían los $2.725.000.000 y $453.000.000.
Para Jaime Mella, vocero de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio, lo revelado no representa el total del perjuicio económico, sino solo lo revisado hasta ahora.
Se han revelado “irregularidades entre pagos sin respaldo, sobreprecios, cobros indebidos. Pero seamos claros: esta cifra no es el total del daño, es sólo lo que hasta hoy la Contraloría ha auditado“, sostuvo.
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso indicaron que preparan las respuestas a los requerimientos formulados por la Contraloría, “en los plazos y formas indicados”. También informaron que iniciaron diversos sumarios administrativos, actualmente en curso, para establecer posibles responsabilidades y eventuales sanciones.
Cabe recordar que durante el periodo auditado —entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025— la DPR estaba encabezada por Sofía González, hoy diputada electa por el distrito 6.
En paralelo, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades, otorgando un plazo de 10 días hábiles para la entrega de los antecedentes. Además, los informes serán remitidos a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó el documento emanado desde la DPR y destacó la “plena disposición” de la delegación para entregar la información solicitada “oportunamente” en el marco de la investigación.
AUDITORÍA EN VIÑA DEL MAR
En relación con Viña del Mar, la Contraloría constató que entre el 2 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025 no se entregaron 1.280 actas de entrega solicitadas por la comisión fiscalizadora, lo que impidió verificar la totalidad de los beneficios distribuidos. El municipio dispone de 60 días hábiles para remitir el documento Excel con las actas correspondientes.
También se observó la ausencia de un manual de procedimientos que orientara la gestión administrativa durante la entrega de ayudas, documento que —según el ente fiscalizador— debió elaborarse con posterioridad a la emergencia.
A esto se suman inconsistencias en las fichas FIBE, beneficios otorgados a personas que no contaban con este instrumento y apoyos entregados a funcionarios municipales sin los respaldos necesarios.
Debido a estas observaciones, el municipio deberá abrir un sumario administrativo y enviar a Contraloría, en un plazo máximo de 15 días hábiles, los antecedentes que formalicen dicha investigación.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, afirmó que no dejarían de entregar ayuda por falta de carnet a los damnificados.
SITUACIÓN EL QUILPUÉ TRAS EL MEGAINCENDIO
En Quilpué, el informe señala que entre el 2 de febrero de 2024 y el 30 de abril de 2025 se adquirieron y distribuyeron 382 cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por un monto cercano a los 15 millones de pesos, incumpliendo la normativa vigente.
El municipio también deberá instruir un sumario administrativo y remitir los documentos respectivos a la Contraloría dentro de 15 días hábiles.
Además, se detectó la ausencia de 4.912 actas de entrega, errores en registros básicos, beneficios otorgados a personas sin FIBE y una diferencia de 4.245 artículos entre lo comprado por la municipalidad y lo efectivamente entregado a los damnificados.
La actual alcaldesa, Carolina Corti, atribuyó la responsabilidad a su antecesora, Valeria Melipillán, aunque el informe también incluye el periodo de la administración vigente.
DEMOLICIONES
En cuanto a las demoliciones en el sector El Olivar, en Viña del Mar, la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas contrató a la empresa San Nicolás SpA para ejecutar 209 demoliciones, por un total de $782.939.080 (equivalente a $7,3 millones por vivienda), sin acreditar adecuadamente su ejecución conforme a los términos de referencia. En 75 casos se detectaron fotografías repetidas o registros que no permiten identificar con claridad los inmuebles intervenidos.
Por estos hechos se ordenó la apertura de un sumario administrativo y los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.
La misma repartición autorizó además un pago improcedente a Excavaciones SpA por $434.112.000 por la demolición de 114 viviendas, a razón de $3.808.000 cada una. En 154 casos —considerando ambas empresas— se observaron irregularidades en las imágenes presentadas como registros “antes” y “después”.
Debido a estas inconsistencias también se instruyeron los respectivos sumarios administrativos.
El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que el gobierno entrante de José Antonio Kast llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo detectado por la Contraloría.
“Nosotros vamos a hacernos parte de esta investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para clarificar cuál fue el destino de estos recursos y para empujar la reconstrucción que todavía está pendiente”, afirmó.
Por ahora, se esperan nuevas reacciones frente a los informes emitidos por la Contraloría General de la República, en el contexto del cierre de la actual administración del presidente Gabriel Boric y el próximo cambio de mando.
