La Polla Chilena de Beneficencia escaló su estrategia judicial contra los casinos online y esta vez decidió ir directo contra quienes, según su acusación, permiten que el negocio funcione: las empresas procesadoras de pagos.
Este miércoles, la estatal presentó una querella por lavado de dinero contra representantes legales de seis Proveedores de Servicios de Pago (PSP, por sus siglas en inglés), firmas que facilitan transacciones bancarias para plataformas de apuestas virtuales. Entre las compañías mencionadas figuran ALPS, Nuvei, Pronto Pago, Kushki, Pagadoor y Khipu.
GIRO EN LA ESTRATEGIA JUDICIAL
La arremetida marca un cambio respecto de su ofensiva previa, centrada en las casas de apuestas, un flanco que en 2025 sufrió un revés luego de que el Ministerio Público archivara la causa iniciada en 2022, al considerar que no existían antecedentes suficientes para sostener una persecución penal.
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Sin embargo, el escenario judicial se reactivó parcialmente en las últimas semanas. Hace tres semanas, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento solicitado por el empresario Sebastián Salazar, propietario de EstelarBet, quien se autodenunció en la investigación y continúa bajo indagatoria.
A ello se suman querellas paralelas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y por Soledad Ramírez, accionista del Hipódromo Chile.
LOS PROCESADORES DE PAGO BAJO LA LUPA
En esta nueva acción, patrocinada por el abogado Isidro Solís, la estatal sostiene que el verdadero blindaje de estas plataformas ilegales no estaría solo en sus dueños, muchas veces radicados en el extranjero, sino en la infraestructura financiera que les permite operar en Chile usando medios de pago masivos y vinculados al sistema bancario nacional.
Los querellados corresponden a representantes legales de estas empresas, incluyendo nombres como Julio César Romero (ALPS), ejecutivos vinculados a Nuvei, Pronto Pago, Kushki, Pagadoor y Khipu, además del propio Sebastián Salazar, quien figura asociado a Pagadoor.
PÉRDIDAS MILLONARIAS Y DAÑO SOCIAL
Según Polla, los casinos online han operado en una zona de impunidad debido a que sus propietarios suelen estar domiciliados fuera del país, incluso en paraísos fiscales, lo que vuelve extremadamente difícil perseguirlos civil o penalmente.
En ese marco, la institución afirma que la operación de estas casas de apuestas ha significado pérdidas estimadas en $50 mil millones en los últimos tres años, advirtiendo además que el impacto se traduce en menos recursos disponibles para transferencias a instituciones públicas.
Uno de los efectos más directos, sostiene la estatal, se reflejaría en una disminución de entre $8 mil y $9 mil millones en aportes provenientes de Polla, lo que afectaría a organismos como el Instituto Nacional del Deporte, repercutiendo en financiamiento para infraestructura y competencias.
Pero el argumento más severo apunta al daño social: la estatal asegura que el efecto más grave es la adicción que generan estas plataformas, especialmente en jóvenes, debido a su fácil acceso y a su masificación mediante sistemas de pago cotidianos.
CÓMO CIRCULA EL DINERO EN LAS APUESTAS ILEGALES
En su querella, Polla sostiene que la clave del funcionamiento del modelo ilícito está en la capacidad de estas plataformas de integrarse al sistema financiero chileno.
De acuerdo con la acusación, el proceso de inscripción en los sitios de apuestas exige que los usuarios tengan tarjetas bancarias nacionales y entreguen datos sensibles como RUT y antecedentes bancarios.
Luego, las transacciones se realizan mediante medios ampliamente disponibles en Chile, como MACH, WebPay, pago bancario, Khipu, Visa y Mastercard.
La estatal advierte que, a través de estos mecanismos, el dinero se mueve entre apostadores y operadores de plataformas ilegales, siendo gestionado por los PSP, quienes actuarían como intermediarios esenciales en depósitos, pagos, transferencias y devoluciones.
Con este movimiento, Polla intenta cerrar el cerco no contra los rostros visibles del juego online, sino contra la red financiera que, según su acusación, permite que el dinero circule y el negocio ilegal se mantenga activo.
