El Gobierno de Argentina consiguió este miércoles una amplia victoria legislativa en la Cámara de Diputados al lograr la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich impulsó el proyecto, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. La Libertad Avanza y una amplia coalición opositora, integrada por el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID y diversos bloques provinciales, respaldaron la iniciativa y aseguraron su aprobación.
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Aunque el peronismo logró mantenerse unido para rechazar la propuesta en la votación general, el debate mostró fisuras en el tramo final: legisladores del Frente Renovador acompañaron la baja de edad al momento de votar los artículos en particular, argumentando que respondía a una postura histórica del espacio.
PENAS MÁS DURAS Y SANCIONES ALTERNATIVAS PARA DELITOS MENORES
Además de reducir la imputabilidad, el proyecto establece penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para infracciones con condenas menores a 10 años, se contemplan sanciones alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento y prohibiciones de concurrencia o conducción.
El texto también incorpora un enfoque institucional que apunta a crear centros especializados para menores condenados, garantizando acceso a educación, salud y tratamientos por consumo problemático. A su vez, prohíbe de manera absoluta cualquier convivencia con detenidos mayores de edad y exige que el personal esté capacitado en infancia y adolescencia.
VÍCTIMAS EN EL CENTRO Y FONDOS PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO RÉGIMEN
El proceso penal juvenil reconoce formalmente el rol de las víctimas y les asegura el derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y recibir asistencia psicológica. Además, les permite participar en mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, defendió el proyecto señalando que el régimen vigente desde 1980 “no previene, no resocializa ni repara”, y sostuvo que la reforma se construyó tras un año de negociaciones y el análisis de más de veinte iniciativas con apoyo de especialistas.
Desde el peronismo, en cambio, surgieron críticas por considerar que la medida no aborda el problema desde una mirada integral. Dirigentes como Juan Grabois y Juan Carlos Molina advirtieron que el foco debería estar en salud mental, consumo de drogas y políticas sociales, más que en el endurecimiento penal.
Los familiares de víctimas de delitos cometidos por menores siguieron el debate desde los palcos, respaldaron la iniciativa y reclamaron respuestas más firmes del Estado.
En la versión final, el Gobierno incorporó un artículo que contempla un financiamiento total de $23.739 millones para implementar el nuevo régimen, tras presiones de gobernadores que exigían evitar que los costos recayeran únicamente en las provincias.
Con la media sanción obtenida, el oficialismo confía en que podrá convertir el proyecto en ley en el Senado antes de que finalicen las sesiones extraordinarias.
«Saben quienes van a ir en cana ? Los pobres». UPP
«Perseguir a un menor no proteje a la sociedad ,la embrutece». Valdés UPP
«Una ley q baja la edad de imputabilidad no resuelve nada, genera más violencia»
Salió media sanción vía diputados de la baja de imputabilidad. #SUVM pic.twitter.com/m22f6wogmn— EL CARA (Macrista) (@ElCara333_) February 13, 2026
