Caso Conscriptos: Confirman prisión preventiva a oficial de Ejército tras la muerte en instrucción que conmocionó al país. En esa jornada falleció el conscripto Franco Vargas, de 19 años, tras colapsar durante la instrucción, mientras otros cinco jóvenes resultaron con lesiones de diversa gravedad.
En abril de 2024, un conscripto murió durante una marcha de instrucción militar en la localidad altiplánica de Pacollo, comuna de Putre. La actividad se desarrolló en condiciones climáticas extremas, con bajas temperaturas y exigencia física elevada. Otros cinco jóvenes resultaron con lesiones graves tras el mismo ejercicio. Los hechos constituyen apremios ilegítimos causando muerte y lesiones, sobre la joven víctima y 5 soldados.
Las primeras denuncias apuntaron a falta de hidratación adecuada y ausencia de protocolos médicos suficientes. La familia del joven fallecido acusó negligencia y abandono en plena actividad oficial. El caso generó impacto nacional y abrió un debate sobre el servicio militar y la responsabilidad estatal.
Organismos de derechos humanos señalaron que el Estado actúa como garante de la vida e integridad de quienes cumplen servicio militar. La discusión trascendió lo judicial y alcanzó al Ministerio de Defensa y al Ejército de Chile.
Confirmación de la prisión preventiva
Este viernes, la Corte de Apelaciones de Arica confirmó la prisión preventiva del teniente coronel imputado por apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones. El tribunal rechazó la apelación de la defensa y sostuvo que no existen nuevos antecedentes que permitan modificar la medida cautelar. La Corte consideró que la libertad del oficial representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
La resolución reafirma la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Garantía de Arica. El Ministerio Público atribuye al oficial la responsabilidad directa en la conducción de la instrucción. La investigación sostiene que expuso a los conscriptos a riesgos innecesarios sin resguardo adecuado.
El fallo fue unánime y subraya la gravedad de los hechos investigados. La prisión preventiva se mantendrá mientras avanza la indagatoria penal. El proceso continúa bajo jurisdicción civil.
Impacto social y reformas internas
La muerte del conscripto generó manifestaciones públicas y exigencias de justicia en diversas ciudades. La familia encabezó movilizaciones que mantuvieron el caso en la agenda nacional durante meses. El lema “Nunca más en instrucción” simbolizó el reclamo ciudadano.
Tras conocerse los antecedentes, el Ministerio de Defensa ordenó auditorías internas y revisión de protocolos de entrenamiento. El Ejército anunció modificaciones en marchas de alta exigencia y mayor presencia de personal sanitario. También se suspendieron ejercicios en zonas de riesgo extremo sin supervisión médica permanente.
Expertos en defensa señalaron que el caso obligó a modernizar prácticas históricas de instrucción militar. Académicos destacaron que la formación castrense debe compatibilizar disciplina con estándares de derechos humanos. El debate continúa abierto.
Un precedente en responsabilidad institucional
Juristas coinciden en que la confirmación de la prisión preventiva marca un precedente relevante. El tribunal reafirmó que los uniformados responden penalmente cuando vulneran derechos fundamentales. El principio de igualdad ante la ley quedó reforzado.
Para las familias, la decisión representa un avance hacia la verdad judicial. Para el sistema institucional, envía una señal clara sobre los límites del mando. El caso seguirá avanzando en tribunales mientras la investigación suma nuevos antecedentes.
La noticia de hoy consolida una etapa clave del proceso penal. Pero el impacto del Caso Conscriptos ya dejó huella en la discusión pública sobre servicio militar y protección de la vida.
Antuco y las lecciones pendientes
El Caso Conscriptos reactivó recuerdos de la tragedia ocurrida en 2005 en Antuco, Región del Biobío, donde 45 soldados murieron durante una marcha forzada en medio de una tormenta de nieve. En ese episodio, conocido como la “marcha de la muerte”, la justicia también estableció responsabilidades por negligencia y falta de resguardo.
A más de veinte años de ese hecho, el fallecimiento de Franco Vargas en Putre volvió a poner en duda si las lecciones institucionales fueron plenamente incorporadas. Ambos casos ocurrieron en zonas extremas, bajo condiciones climáticas adversas y con jóvenes bajo tutela directa del Estado. En ambos, las investigaciones apuntaron a fallas de mando y planificación.
Especialistas señalan que la repetición de estos episodios revela debilidades estructurales en los sistemas de instrucción. Para las familias, la comparación con Antuco refuerza la exigencia de que estas muertes no queden impunes ni se repitan.
