Karla Rubilar, exministra vocera del segundo gobierno de Sebastián Piñera, criticó duramente los dichos de la actual ministra de esa cartera, Camila Vallejo, respecto de un déficit de financiamiento por US$2.000 millones que habría heredad la actual administración para el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Para ello recurrió a una carta en El Mercurio, donde planteó que esa discusión «debe sostenerse en datos y no en relatos».
«La PGU fue aprobada unánimemente en el Congreso, con informe financiero visado por la Dirección de Presupuestos y con fuentes de financiamiento identificadas», explicó Rubilar.
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Recalcó que «no fue una promesa improvisada, sino una política estructural responsable, diseñada precisamente para garantizar su sostenibilidad», subrayó.
«Al cierre del mandato anterior, el presupuesto 2022 contemplaba recursos de libre disposición por alrededor de US$700 millones, un fondo adicional cercano a US$830 millones para contingencias sanitarias y vacunas, y una cifra similar para reactivación económica. Asimismo, se reforzaron los fondos soberanos con una inyección cercana a US$ 6.000 millones, fortaleciendo la posición fiscal del país», detalló la exministra.
«Más aún, el propio ministro Marcel reconoció en su primer Informe de Finanzas Públicas la existencia de holguras fiscales heredadas por US$ 25.000 millones. Es decir, había espacio presupuestario real para cumplir los compromisos asumidos», añadió.
A juicio de la exvocera, «insistir en una supuesta ‘herencia desfinanciada’ no responde a un análisis técnico, sino a la necesidad de explicar el evidente mal manejo de este Gobierno que llevó al deterioro de las cuentas fiscales actuales con mayor deuda pública, déficit estructural persistente y una trayectoria de gasto que hoy tensiona seriamente la sostenibilidad fiscal».
Cerró diciendo que «si el Gobierno ha impulsado instancias para combatir la desinformación, el estándar debe comenzar por su propia vocería. Las cifras están en los informes oficiales y son públicas. Persistir en una afirmación que esos mismos documentos desmienten no es un error comunicacional. Es una decisión política. Y cuando se trata de las pensiones de millones de adultos mayores, faltar a la verdad no puede quedar sin respuesta».
