Las familias del caso “Vega González y otros vs. Chile” reactivaron su ofensiva internacional y acudieron nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar un presunto incumplimiento del Estado chileno en la ejecución de una sentencia dictada contra el país.
La acción fue presentada por la abogada Karinna Fernández, quien representa a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El requerimiento apunta directamente a la administración del presidente Gabriel Boric, cuestionando la forma en que el Ejecutivo ha dado cumplimiento, o no, al denominado Punto Resolutivo 13 del fallo internacional.
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EL FOCO: LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
La controversia no se centra únicamente en la revisión de penas aplicada tras la sentencia internacional, sino en la obligación del Estado de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Según el escrito ingresado ante el tribunal internacional, el mandatario habría declinado participar en la ceremonia, proponiendo que esta se desarrollara en dependencias de Cancillería y con representación ministerial.
Para las víctimas, esa fórmula no cumple con los estándares de “solemnidad, jerarquía y oportunidad” exigidos por la sentencia. Argumentan que el plazo para ejecutar la medida venció en septiembre de 2025 y que la notificación de la ausencia presidencial se produjo en la recta final del mandato.
DEBATE SOBRE ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN
Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que el fallo ordena al Estado realizar el acto público, pero no establece expresamente que deba encabezarlo el Presidente de la República. Por ello, plantean que la representación ministerial se ajusta a prácticas previas en otros casos de cumplimiento internacional.
Sin embargo, la parte denunciante considera que la participación de la máxima autoridad constituye una señal institucional clave, especialmente tratándose de un caso vinculado a crímenes de lesa humanidad. Además, subrayan que en otras sentencias internacionales el propio Presidente encabezó ceremonias similares en el Palacio de La Moneda.
UN CONFLICTO SIMBÓLICO E INSTITUCIONAL
Más allá del aspecto formal, el debate refleja una tensión mayor sobre el estándar de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las familias sostienen que el acto público es parte esencial de la reparación simbólica y del compromiso del Estado con la no repetición.
Ahora será la Corte IDH la que evalúe si la modalidad propuesta por el gobierno satisface lo ordenado en la sentencia o si, como solicitan las víctimas, corresponde declarar un incumplimiento formal por parte del Estado chileno.
