La Sala del Senado aprobó por un estrecho margen el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que reabrió una fuerte disputa política por sus eventuales efectos en condenados por violaciones a los derechos humanos.
La propuesta, presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind.) y Carlos Kuschel (RN), fue aprobada en general por 23 votos a favor y 22 en contra, sin abstenciones, en el marco de su primer trámite constitucional.
El debate se desarrolló durante la tarde en la Sala del Senado, donde se analizó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Tras la votación, la Sala del Senado fijó como plazo para presentar indicaciones el lunes 16 de marzo al mediodía, decisión que 27 senadores respaldaron y nueve rechazaron.
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La discusión estuvo marcada por duros intercambios entre parlamentarios. Durante el debate, el senador Daniel Núñez (PC) solicitó que el senador Javier Macaya (UDI) se inhabilitara de participar en la votación, argumentando que su padre podría verse eventualmente beneficiado por la norma.
El senador Rojo Edwards rechazó ese planteamiento y calificó la acusación como “lo más bajo”, afirmando que el proyecto no tendría efectos sobre ese caso. A la defensa también se sumó el senador Luciano Cruz-Coke.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Desde la centroizquierda, varios parlamentarios cuestionaron duramente la iniciativa. El senador Fidel Espinoza (PS) apuntó directamente contra uno de los autores del proyecto, Francisco Chahuán, y anunció que su sector presentará más de 100 indicaciones durante la discusión particular.
En la misma línea, el senador José Miguel Insulza (PS) advirtió que la eventual aprobación definitiva de la propuesta podría permitir que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad accedan a modalidades alternativas de cumplimiento de pena.
DEFENSA DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
El senador Francisco Chahuán defendió la iniciativa y acusó que el debate se ha distorsionado políticamente.
El parlamentario sostuvo que el proyecto no elimina condenas ni extingue penas, sino que establece mecanismos de cumplimiento alternativo bajo las condiciones que ya contempla el ordenamiento jurídico chileno y el derecho internacional.
Según explicó, las sentencias se mantienen vigentes y las penas continúan ejecutándose, aunque mediante modalidades distintas al encarcelamiento tradicional en casos que cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Con la aprobación en general, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá enfrentar la etapa de indicaciones antes de volver a la Sala para su discusión en particular.
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— 24 Horas (@24HorasTVN) March 4, 2026
