Un informe elaborado por un grupo internacional de juristas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado de excepción vigente en El Salvador desde 2022 podría haber derivado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, debido a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas.
El documento sostiene que asesinatos bajo custodia estatal, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones masivas sin debido proceso forman parte de las prácticas registradas durante la implementación de esta medida extraordinaria, que el Ejecutivo salvadoreño defiende como clave para reducir drásticamente la violencia criminal.
MUERTES BAJO CUSTODIA Y MILES DE DETENCIONES CUESTIONADAS
Según el informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), entre marzo de 2022 y agosto de 2025 al menos 403 personas , incluidos cuatro menores de edad, murieron mientras se encontraban bajo custodia del Estado.
El reporte también identifica más de 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y advierte que miles de los 91.000 detenidos durante el régimen de excepción fueron encarcelados sin cumplir con garantías básicas del debido proceso.
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Entre los abusos documentados en cárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) figuran golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, privación de alimentos, falta de ventilación y ausencia de atención médica adecuada.
JURISTAS ADVIERTEN POSIBLE RESPONSABILIDAD ESTATAL
Los expertos concluyen que existen “motivos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal como lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El informe, de 275 páginas, se elaboró a partir de informes oficiales, registros de organizaciones de derechos humanos, cobertura periodística, declaraciones de autoridades y entrevistas a más de 1.700 personas, incluidas víctimas.
El panel sostiene que los abusos no serían hechos aislados, sino parte de una política estatal conocida o incluso promovida por las más altas autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Los expertos recomiendan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una misión internacional independiente para investigar los hechos y garantizar eventuales procesos de rendición de cuentas.
DETENCIONES SIN CAUSA Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PROLONGADAS
El documento también cuestiona la legalidad de miles de arrestos realizados durante el régimen de excepción y advierte que, en numerosos casos, las autoridades no informaron a los detenidos los motivos de su captura, los sometieron a tribunales con jueces anónimos o los detuvieron mediante perfilamiento físico, como la presencia de tatuajes.
El propio presidente Bukele ha reconocido que al menos 8.000 detenciones en El Salvador se realizaron sin causa justificada dentro de la ofensiva contra las pandillas.
Los expertos advierten además que la renovación constante del estado de excepción, que ya se extiende por casi cuatro años, ha transformado una medida extraordinaria en un mecanismo permanente de gobernanza, debilitando los controles judiciales.
GOBIERNO SALVADOREÑO RECHAZA ACUSACIONES
El procurador general de El Salvador, René Escobar, rechazó las conclusiones del informe y aseguró ante la CIDH que no existe base jurídica ni fáctica para acusar al Estado de promover violaciones sistemáticas de derechos humanos.
“El Estado no persigue a personas por sus ideas ni por su posición crítica”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que las instituciones actúan únicamente cuando existen indicios de delitos.
No obstante, organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 6.400 denuncias relacionadas con abusos cometidos durante el régimen de excepción.
El debate ocurre mientras la Asamblea Legislativa se prepara para aprobar una nueva prórroga del estado de excepción, la número 49, con lo que la medida alcanzaría cuatro años de vigencia en el país centroamericano.
En paralelo, activistas denuncian persecución judicial contra críticos del gobierno. Entre los casos mencionados está el de la abogada anticorrupción Ruth López, detenida desde mayo de 2025 pese a las medidas cautelares emitidas a su favor por la CIDH.
