El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy, imputadas por el Ministerio Público como autoras de los delitos consumados de asociación ilícita, prevaricación, acceso indebido a información y obstrucción a la investigación.
La resolución se adoptó al término de una extensa audiencia de formalización en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Regional, que indaga la existencia de una presunta red destinada a manipular información y obstaculizar causas judiciales.
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Además, el tribunal impuso arresto domiciliario nocturno y otras medidas cautelares al tercer imputado de la causa, un exdefensor local jefe, a quien también formalizó durante la jornada.
FISCALÍA VALORA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
Tras la audiencia, la fiscal regional Nayalet Mansilla valoró la decisión adoptada por el tribunal, señalando que las medidas cautelares decretadas permiten resguardar los fines del proceso penal.
“Después de una larga jornada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, es una resolución que nos deja bastante satisfechos. Habíamos solicitado la prisión preventiva de tres imputados y se concedió respecto de dos de ellos, que son las abogadas formalizadas en esta causa”, explicó la persecutora.
La fiscal agregó que, si bien la tercera persona imputada no quedó en prisión preventiva, las medidas cautelares impuestas igualmente permiten resguardar el desarrollo de la investigación.
INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ AVANZANDO
La fiscal Nayalet Mansilla confirmó que la investigación sigue en curso y advirtió que otras personas podrían ser formalizadas en el futuro, luego de que durante la audiencia surgieran nuevos antecedentes que el Ministerio Público deberá analizar.
Asimismo, precisó que el tribunal no descartó algunos de los delitos planteados por la Fiscalía, sino que en esta etapa realizó una calificación jurídica preliminar de los hechos, la cual podrá revisarse y redefinirse en las etapas posteriores del proceso judicial.
“Esta es solo una etapa de la causa. La comunicación de cargos y las medidas cautelares no determinan el resultado final. Será en el juicio oral donde se analizará toda la prueba que presente el Ministerio Público”, señaló.
El tribunal fijó un plazo de investigación de tres meses, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir nuevos antecedentes antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso penal.
